El Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones de jueces y fiscales rechazan el concepto de guerra legal
El Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones judiciales expresan su oposición al concepto de guerra legal
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y todas las asociaciones de jueces y fiscales del país han mostrado su absoluto rechazo al concepto de guerra legal, que fue aprobado en el pacto firmado entre el Partido Socialista de Pedro Sánchez y el líder de Junts, Carles Puigdemont.
La Comisión Permanente del CGPJ emitió un comunicado en el que expresó su frontal oposición al reconocimiento de guerra legal atribuido a los jueces en España. Según el comunicado, esta iniciativa implicaría una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un atentado a la separación de poderes. Los vocales del CGPJ advirtieron que se opondrían a esta iniciativa a través de los cauces legalmente establecidos.
Además, el CGPJ expresó su apoyo a todos los órganos del Poder Judicial y destacó la importancia de actuar dentro del marco de la legalidad para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos.
Por otro lado, las asociaciones judiciales, como la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia y el Foro Judicial Independiente, también manifestaron su rechazo al concepto de guerra legal o judicialización de la política que aparece en el acuerdo entre el PSOE y Junts.
En el comunicado conjunto, los jueces denunciaron que este acuerdo contempla la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en el Parlamento para determinar la judicialización de la política, lo cual supondría una intromisión en la independencia judicial y una quiebra de la separación de poderes.
Todas las asociaciones de magistrados recalcaron que los jueces deben estar sometidos únicamente al imperio de la ley, tal como establece la Constitución. Además, afirmaron que el Poder Judicial en España es independiente y no actúa sometido a presiones políticas.
Por su parte, las asociaciones de fiscales también se pronunciaron en contra del concepto de guerra legal. La Asociación de Fiscales consideró inadmisible su utilización, ya que no tiene cabida en el orden constitucional vigente. La Unión Progresista de Fiscales afirmó que la creación de comisiones de investigación sobre actuaciones judiciales pervertiría el sistema constitucional de separación de poderes. Y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales calificó el pacto como un ataque a la independencia del Poder Judicial.
Ante el malestar generado entre jueces y fiscales, el PSOE emitió un comunicado en el que aseguró que el Parlamento no realizará ninguna revisión de sentencias o resoluciones judiciales, ni fiscalizará a los jueces.
En resumen, el Consejo General del Poder Judicial y las asociaciones de jueces y fiscales han expresado su rechazo al concepto de guerra legal y han defendido la independencia judicial y la separación de poderes en España.