El fiscal general del Estado solicita información sobre procedimientos judiciales que podrían beneficiarse de la ley de amnistía
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado a la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña el listado de procedimientos en trámite o ya juzgados y sentenciados que podrían beneficiarse de la ley de amnistía, incluso antes de que esta inicie su proceso parlamentario el próximo 12 de diciembre.
En un oficio al que ha tenido acceso ABC, la Secretaría Técnica, dependiente de García Ortiz, justifica esta petición en la complejidad de la materia y en el breve plazo establecido para la aplicación de la amnistía, cuya tramitación es considerada urgente y preferente. Además, se argumenta que esta solicitud se realiza en cumplimiento de la misión constitucional del Ministerio Fiscal a través del principio de unidad de actuación.
El escrito, dirigido al fiscal superior, solicita que se remita la información relativa a los procedimientos penales relacionados con el proceso independentista y otros hechos contemplados en la proposición de ley. Estos hechos deben haber sido ejecutados entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, y están relacionados con las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, así como su preparación y consecuencias.
El oficio, fechado el 16 de noviembre pero registrado en la Fiscalía Provincial de Barcelona el 1 de diciembre, insta a las jefaturas de las fiscalías de área y provinciales a entregar toda la información requerida al fiscal superior.
Plazo máximo de dos meses para la aplicación de la amnistía
Según el artículo 9 de la proposición de ley, la competencia para la aplicación de la amnistía en casos tipificados como delitos corresponde a los órganos judiciales, quienes podrán tomar esta medida de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, previa audiencia de este último y de las partes involucradas.
Por su parte, el artículo 10 establece que los órganos judiciales, administrativos o contables deben tomar una decisión al respecto en un plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los recursos posteriores que puedan interponerse.
Con esta solicitud de información, el fiscal general del Estado busca recopilar los datos necesarios para la aplicación de la ley de amnistía, que será debatida en el Congreso el próximo 12 de diciembre.