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Las historias que importan sobre dinero y política en la carrera por la Casa Blanca
La decisión del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional de solicitar órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant es un enorme revés para Israel.
El hecho de que la CPI también esté solicitando órdenes de arresto contra los líderes de Hamas, además del primer ministro y el ministro de defensa israelíes, no amortiguará el golpe. Por el contrario, la indignación en Jerusalén se verá avivada aún más por la implicación de que Israel está al mismo nivel moral que una organización terrorista.
Las ramificaciones de la medida de la CPI son enormes. Se presentan cuatro preguntas inmediatas. Primero, ¿cuál será el impacto interno en Israel? En segundo lugar, ¿qué impacto tendrá esto en la guerra en Gaza y en todo el Medio Oriente? En tercer lugar, ¿la CPI se ha extralimitado y ha puesto en juego su propio futuro? Y en cuarto lugar, y en relación con esto, ¿cómo responderá Estados Unidos a las acusaciones propuestas?
Incluso la oposición israelí ha respondido con indignación a las acciones de la CPI. Yair Lapid, un centrista que se mantuvo al margen de la coalición de gobierno de Netanyahu, acusó al tribunal de “completo fracaso moral”. Este instinto de unirse alrededor de la bandera no es sorprendente: muy pocos políticos tradicionales en Israel han cuestionado la conducta del ejército del país en Gaza.
Sin embargo, la medida de la CPI se produjo en un momento en que Netanyahu está bajo una presión cada vez mayor para que renuncie. Benny Gantz, un miembro destacado del gabinete de guerra israelí, dijo durante el fin de semana que dejaría el gobierno el próximo mes, a menos que Netanyahu ideara una nueva estrategia para la guerra en Gaza y sus consecuencias.
Gantz, que no ha sido acusado, se ha sumado a la condena generalizada israelí a la CPI. Pero muchos israelíes estarán consternados por el hecho de que su país se esté convirtiendo en un Estado paria. Deshacerse de Netanyahu y nombrar un nuevo primer ministro puede convertirse con el tiempo en una opción más atractiva, a medida que Israel busca reconstruir su estatus internacional.
Una acusación de la CPI también tendría graves implicaciones prácticas sobre la capacidad de Netanyahu para hacer su trabajo. Los viajes internacionales ciertamente se volverían más difíciles, ya que correría el riesgo de ser arrestado en los 124 países que son partes del Estatuto de Roma que creó la CPI. (Estos no incluyen a Estados Unidos, Rusia o China).
Los optimistas esperarán que, a largo plazo, la acción de la CPI convenza a Israel de que su estrategia en Gaza es “conducir a Israel contra un muro”, como lo ha dicho Gantz. Eso podría persuadir a la próxima cohorte de líderes a tomar más en serio la idea de una solución de dos Estados con Palestina. Los israelíes ahora saben que el camino de regreso a la aceptación internacional debe implicar un nuevo proceso de paz y la marginación de Netanyahu. Muchos en Israel, incluidos los partidarios de Netanyahu y sus socios de coalición de extrema derecha, seguirán argumentando que cualquier medida de ese tipo pondría en peligro la supervivencia de Israel. Pero los términos del actual debate dentro de Israel, al menos ahora, se ampliarán.
La cuestión de cómo Estados Unidos aborda la situación es crítica. La primera respuesta del presidente Joe Biden fue condenar la decisión de la CPI como “escandalosa” y rechazar la implicación de equivalencia entre Israel y Hamás. Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, acusó a la CPI de actuar precipitadamente y de no dar a las autoridades israelíes la oportunidad de cooperar. También sugirió que la CPI no tiene jurisdicción sobre Israel. La feroz respuesta de Estados Unidos presionará a los jueces de la CPI para que no accedan a la solicitud del fiscal de presentar acusaciones.
Pero incluso la respuesta de Biden puede ser una condena relativamente suave y limitada en comparación con los ataques con todas sus fuerzas contra la CPI que se puede esperar que provengan de la derecha estadounidense y de Donald Trump. John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump y abogado de formación, ha exigido que Estados Unidos imponga ahora sanciones a la CPI y sus jueces. Es probable que esa demanda sea aceptada en el Congreso y en la campaña de Trump.
Biden puede mostrarse reacio a seguir la ruta de las sanciones. Estados Unidos no es parte de la CPI. Pero sí afirma ser partidario del “orden internacional basado en reglas” y ha acogido con satisfacción la acusación de la CPI contra Vladimir Putin, el presidente ruso. Biden también sabe que muchos miembros del Partido Demócrata se oponen firmemente a las acciones de Israel en Gaza, e incluso han acusado al país de genocidio. Como resultado, el presidente estadounidense tiene todos los incentivos para equivocarse, mientras espera que el Congreso no le presente un proyecto de ley exigiendo sanciones contra la CPI, que podría tener que vetar.
La posibilidad de que Estados Unidos imponga sanciones a la CPI subraya el hecho de que las acusaciones propuestas contra Netanyahu y Gallant representan un paso trascendental por parte de la corte, que potencialmente pone en juego su propio futuro. Karim Khan, el fiscal jefe del tribunal, puede haber sentido que tenía pocas opciones. Para que la corte conserve su legitimidad global, debe actuar contra los crímenes de guerra, independientemente de quién los cometa y dondequiera que se cometan.
Sin embargo, la CPI inevitablemente opera en un contexto político. Ha acusado a Putin, con pocas perspectivas de llevarlo a juicio. Si Netanyahu también logra desestimar una acusación, el tribunal corre el riesgo de parecer cada vez más impotente e irrelevante.