La Corte Suprema ha asestado un duro golpe legal a la forma en que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) lucha contra el fraude, en un caso que podría tener efectos de largo alcance en otras agencias reguladoras. Un fallo determinó que las personas acusadas de fraude por el regulador deberían tener derecho a que sus casos sean resueltos por un jurado en un tribunal federal, en lugar de los jueces internos de derecho administrativo de la SEC, según la séptima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Los jueces rechazaron el recurso del Gobierno de Joe Biden contra una sentencia de primera instancia que anulaba las sanciones económicas impuestas al gestor de fondos de cobertura George R. Jarkesy por la SEC, que regula los mercados de valores. «Cuando la SEC busca sanciones civiles contra un acusado por fraude de valores, la Séptima Enmienda le otorga al acusado el derecho a un juicio con jurado». dice la decisión de los jueces.
Hay más de veinte agencias reguladoras y supervisoras estadounidenses que tienen procedimientos de derecho administrativo similares, por lo que el fallo caso de SEC contra Jarkesy Deja abierta la validez de estos mecanismos para perseguir y sancionar el fraude.
«Un acusado que enfrenta un cargo de fraude tiene derecho a ser juzgado por un jurado de sus pares ante un árbitro neutral», se lee en el fallo, firmado por el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts. Lo contrario, asegura, permitiría «concentrar en manos del poder ejecutivo las funciones de fiscal, juez y jurado» y es inconstitucional incluso si lo aprobara el Congreso.
La decisión se tomó por seis votos contra tres, con el apoyo de los magistrados de mayoría conservadora y el rechazo de los tres magistrados progresistas. La opinión disidente fue escrita por la jueza Sonia Sotomayor: “Esta Corte ha sostenido, sin excepción, que el Congreso tiene amplia discreción para crear obligaciones legales que dan derecho al Gobierno a sanciones civiles, y luego asignar su aplicación más allá de los tribunales de justicia ordinarios donde existen No hay jurados”, indica.
“Al ofrecer a los acusados un juicio con jurado, incluso uno que la Constitución no exige, la mayoría pensaría que están protegiendo la libertad. Esta creencia también es profundamente errónea. «El pueblo estadounidense no debería confundir la arrogancia judicial con la protección de los derechos individuales», añade.
Hace cincuenta años, la Corte Suprema dictaminó que los procedimientos internos no violaban el derecho constitucional a un juicio con jurado en casos civiles, pero durante los argumentos orales el presidente del tribunal, el conservador John Roberts, señaló su preocupación por el poder de los reguladores federales y enfatizó que «El impacto de las agencias gubernamentales en la vida diaria es mucho más significativo hoy que hace 50 años». «Parece problemático decir que el gobierno puede privarlo de su propiedad, de su dinero, de grandes sumas en un tribunal que, como mínimo, se percibe como no imparcial», dijo el juez Brett Kavanaugh.
En 2022, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. con sede en Nueva Orleans falló a favor de Jarkesy y su grupo asesor de inversiones Patriot28. Creía que el caso de la SEC contra él, que resultó en una multa civil de 300.000 dólares y la devolución de 680.000 dólares en supuestas ganancias irregulares, debería haberse visto en un tribunal federal en lugar de ante uno de los jueces de derecho administrativo de la SEC.
Los abogados de Jarkesy señalaron que la SEC gana casi todos los casos que lleva ante jueces de derecho administrativo, pero sólo alrededor del 60 por ciento de los casos que juzga en tribunales federales.
El Tribunal Supremo apoya la decisión del Tribunal de Apelación y pide que se aplique. Este es uno de los muchos casos en los que los jueces están erosionando el poder de las agencias reguladoras y supervisoras, que consideran que tienen prerrogativas excesivas.
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