Tras más de cinco años de bloqueo, PP y PSOE han llegado a un acuerdo para la renovación del CGPJ. Fue un pacto entre las partes, supervisado por la Comisión Europea como una pelea en el patio de un colegio. Los presidentes de las Cámaras cumplirán con la ley después de años de demoras bochornosas (la responsabilidad de iniciar el proceso es de ellos y no de las partes). Se renueva según normativa vigente. Es una buena noticia.
Era una obligación constitucional. Además de la cuestión regulatoria, que debería ser suficiente, la fundada acusación de obstruccionismo contra el PP ha debilitado su posición estratégica. La limitación de las competencias del Consejo en funciones, impulsada por el Gobierno, fue un chantaje que sirvió para empeorar las cosas.
Una lectura partidista intenta establecer quién ha cedido más o menos y por qué: las presiones de Europa y los nuevos equilibrios en la Unión, la amenaza de veto a instituciones como el Banco de España. Una variante critica que se llegue a un acuerdo con un oponente poco fiable (extrema derecha, autócrata) y en circunstancias difíciles (con el Tribunal Constitucional actuando como órgano de casación en el caso de los ERE). Los extremos ven el pacto de los partidos centrales como una traición. Otros, mientras celebran el acuerdo, sospechan de algún engaño o deslealtad.
Hay elementos negativos: no hubo debate en el parlamento (a veces el Congreso es lo más importante, a veces no sirve para nada), ni se cancelaron las cuotas de los partidos (Rafael Jiménez Asensio recordó el “deber de ingratitud” que según Pierre Rosanvallon debe demostrar hacia quienes los nominaron: no es imposible, pero suena voluntarista). Es positivo que se refuerce el régimen de incompatibilidades. También que se evitaran peores posibilidades: por ejemplo la reducción de mayorías que se utilizó como amenaza.
Los dos partidos principales, que representan dos tercios de los votos, han acordado reformar el sistema, pero hay garantías limitadas de que esto suceda. El procedimiento elegido (factura urgente) y el vocabulario no invitan al optimismo. Esta crisis que ha suscitado mil columnas, editoriales y mítines ha generado numerosos reproches y propuestas variadas: algunos han pedido con imaginación que se respeten las normas establecidas, otros -entre los que destaca Vicente Guilarte, presidente del CGPJ- han ideado fórmulas para hacer la institución menos dependiente del poder político. Esperemos que estas propuestas no sean ignoradas ni que se repita el bloqueo, y que esta vez no se cumpla el pronóstico de que el destino del regeneracionismo será melancólico.
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