Las cábalas continúan en los partidos políticos cinco días después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, convenciera a sus representantes en cinco gobiernos autonómicos de romper la coalición con el PP y dejar el cargo, salvo contadas excepciones. ¿Esto beneficia al PP? ¿Daña al PSOE? Actualmente, los aparatos estratégicos de ambos partidos están especulando y desarrollando tesis electorales imposibles de verificar. En el PSOE y Sumar extienden el análisis fuera de España, a la configuración de la más extrema derecha internacional, para concluir que Abascal no ha improvisado, independientemente de cómo se comporte en las próximas elecciones.
Lo cierto es que, apenas tres semanas después del acuerdo entre el Gobierno y el PP sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hay motivos para que ambos partidos mantengan su desacuerdo en cuestiones esenciales: ahora, la financiación autonómica e inmigración. Esto último pese a que el Partido Popular aceptó una acogida mínima de menores inmigrantes no acompañados, motivo formal de la disolución de Vox. Pero queda por ver si el PP mantendrá un compromiso permanente con la acogida a través de una reforma de la ley de inmigración.
Este lunes Gobierno y PP tendrán un nuevo marco de discusión, probablemente no pacífico. Representantes de las 15 comunidades autónomas de régimen fiscal común -todas excepto País Vasco y Navarra- participarán en la convocatoria de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para celebrar una reunión del Consejo de Asuntos Fiscales y Política financiera. Se trata de establecer el objetivo de déficit para 2025 y la senda fiscal entre 2025 y 2027.
Para su trabajo diario, a los concejales les interesan especialmente los anticipos que el Consejo de Ministros ha establecido para las comunidades y que ascienden a casi 155.000 millones de euros, algo más de 20.000 millones más que los recibidos el año anterior. Hasta ahora sería la negociación habitual de julio, pero esta vez entrará en escena la política, con la petición de las comunidades de afrontar un nuevo modelo de financiación autonómica y el rechazo unánime a cualquier privilegio para Cataluña.
La comunicación será escuchada por el Gobierno y por la consellera de Economía de la Generalitat, Natalia Mas, presente en la reunión y que, efectivamente, defenderá la financiación «única» para Cataluña. La vicepresidenta Montero da por sentado que el debate político se producirá en medio del fuego cruzado entre las demandas del PP y ERC. En otra mesa privada, el PSC y los republicanos negocian la investidura de Salvador Illa con una financiación especial para Cataluña como plato fuerte, algo hasta ahora indigesto para el PSC y el gobierno de Pedro Sánchez en las condiciones de partida propuestas por el partido independentista. Pero las expectativas de un acuerdo persisten, entre la división interna de ERC y la actividad frenética de Junts para que tal acuerdo no se produzca.
Antes de que se reúna esta tarde el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se presentará al Congreso el proyecto de ley que modifica la Ley de Extranjería, para que el reparto de los menores inmigrantes solos y sin país al que regresar se produzca entre las comunidades autónomas con carácter obligatorio. El énfasis que queremos darle a esta propuesta es máximo. En la inscripción del Congreso participarán los ministros del PSOE y Sumar interesados en el proceso de acogida; el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y los portavoces parlamentarios del PSOE, Sumar y Coalición Canaria.
Lo más sorprendente es lo que ocurre más cerca. Para no perderte nada, regístrate.
SIGUE LEYENDO
Tras la ruptura de Vox con el PP, la dirección del Partido Popular subrayó la coherencia de su actuación al aceptar el reparto de 347 menores, cueste lo que cueste. El Gobierno central, por su parte, subraya que el PP todavía no ha querido comprometerse con este cambio legal más fundamental que evitaría la lucha permanente en favor de los menores. Siguen vigentes los acuerdos alcanzados en estas comunidades autónomas y en decenas de ayuntamientos, los últimos para sustituir las leyes de memoria democrática por otras llamadas a la «concordia» que no mencionan la dictadura vivida en España. Vox inicia su nueva andadura junto a la extrema derecha internacional más radical, muy pro Putin y pro Donald Trump, cuyo ataque del sábado Abascal achaca a la “izquierda globalista”. Es tu apuesta.