Migrantes, Italia: los nuevos centros de detención en Albania son una mancha para el gobierno

ROMA – Ante la apertura en agosto de dos centros de detención en Albania destinados a detener a personas rescatadas o interceptadas en el mar por barcos italianos, el director de la oficina de las instituciones europeas de Amnistía InternacionalEve Geddie, subraya el peligro y la ilegalidad de las decisiones del gobierno italiano, que ha decidido continuar por el camino de la externalización de las fronteras a pesar de las críticas y preocupaciones expresadas por los organismos de derechos humanos.

La nota de Amnistía Internacional: Las personas en dificultades en el mar, con las nuevas normas, se verán sometidas a viajes largos e inútiles, en clara violación de la obligación, incluida la de Italia, de garantizar el rápido desembarco de los supervivientes en un lugar seguro, como exige el derecho internacional. Una vez que lleguen al continente – continúa la organización – las personas se enfrentarán a detenciones automáticas, arbitrarias y potencialmente prolongadas en Albania. Según los términos del acuerdo Italia-Albania, los inmigrantes permanecen bajo jurisdicción italiana, pero el riesgo es que su derecho a solicitar asilo político se vea gravemente afectado. Para Amnistía, estos centros representan el último intento de un país de la Unión Europea de eludir sus obligaciones bajo el derecho comunitario e internacional, favoreciendo la práctica de externalizar y trasladar la tramitación de solicitudes de protección de personas fuera de su territorio.

El contexto. El 6 de noviembre de 2023, Roma firmó un acuerdo con Tirana para la construcción de dos centros de detención en Albania, que se utilizarán para detener arbitrariamente a personas rescatadas o interceptadas en el mar por barcos estatales italianos. El acuerdo tiene como objetivo legalizar la detención automática de solicitantes de asilo y de personas que serán repatriadas por la fuerza, con el objetivo declarado de desalentar los cruces marítimos. Organismos internacionales de derechos humanos como el Consejo de Europa y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también han criticado el acuerdo en cuestión, planteando preocupaciones sobre el respeto y la aplicación de los derechos.