La industria del automóvil, y en especial su descarbonización, ha sido objeto de todos los anhelos de la política económica, tanto española como europea en general. El desarrollo del coche eléctrico es una de las principales prioridades de los fondos Next Generation, con una inversión prevista de 24.000 millones de euros (sumando aportaciones públicas y corporativas). Por su parte, la Unión Europea ha apostado por la construcción de fábricas de baterías en suelo continental, al ser este el componente con mayor contenido tecnológico.
Es evidente que los resultados no están a la altura de las expectativas, generando dudas sobre el futuro del sector y desencadenando una cierta cacofonía de propuestas por parte de los líderes políticos. El colapso de la producción es preocupante, ya que en 2023 será todavía un 16,6% inferior al nivel anterior a la pandemia. La brecha es ligeramente menor en España, con un descenso acumulado del 13,6%. Las tendencias para el año en curso indican una disminución prolongada.
La caída se debe en parte al colapso de la demanda, que a su vez refleja frenos más o menos estructurales. En primer lugar, a nivel mundial, los consumidores tienden a consumir más servicios y menos bienes industriales. Este cambio en la estructura de la demanda es en general positivo para las economías con un mayor peso de los servicios, como España. Pero también perjudica a un sector estratégico como el de la automoción, sobre todo teniendo en cuenta otros potentes frenos a la transición verde: incertidumbres regulatorias, retrasos en la infraestructura de los puntos de recarga y la percepción generalizada de que un vehículo eléctrico es un sustituto imperfecto de uno convencional.
El precio es otro obstáculo. Sin subvenciones estatales, el coche eléctrico producido en Europa es incluso más caro que el de combustión, o el que sale de las fábricas de la potencia mundial en la que se ha convertido China. En países como Alemania, las ayudas lograron sostener temporalmente la compra, hasta que quedó en entredicho en un contexto de fuerte ajuste presupuestario.
El elevado precio relativo refleja fundamentalmente el atraso tecnológico de la industria europea. Para producir a gran escala y a precios competitivos es necesario disponer de tecnologías avanzadas, especialmente para el sector de las baterías. Los productores europeos invirtieron más tarde que los chinos, estos últimos respaldados por un enorme apoyo estatal inicial. Estados Unidos intenta recuperar el terreno perdido con subsidios centrados en el desarrollo tecnológico y condicionados a criterios de contenido local. Por otro lado, Europa no tiene una cadena de suministro segura, lo que exacerba su dependencia de todo tipo de vicisitudes geopolíticas, que van desde la aplicación de restricciones a la exportación de minerales clave hasta interrupciones en la producción de semiconductores.
El creciente déficit comercial con China pone de relieve la pérdida de terreno del vehículo eléctrico. Al mismo tiempo, el superávit con Estados Unidos tiende a disminuir tras la implementación del plan de estímulo de Biden. España comparte el declive europeo en los mercados globales, aunque lo compensa en parte gracias al dinamismo de sus exportaciones a los socios de la UE.
Sin embargo, imponer nuevos aranceles a la importación de vehículos eléctricos puede ayudar a compensar las distorsiones de la competencia. Pero, por sí sola, esta medida no sirve para recuperar el desacoplamiento tecnológico, la principal debilidad de la industria europea. Por otro lado, las ayudas a la compra de vehículos eléctricos no se centran en la producción local, lo que podría agravar el déficit exterior, además de suponer un coste presupuestario. El apoyo centrado en la infraestructura y el desarrollo tecnológico, particularmente en lo que respecta a las baterías, parece la vía más prometedora. Las dificultades de Northvolt [la fábrica de baterías sueca que despedirá a 1.600 trabajadores] Demuestran que el camino no será fácil, pero la apuesta vale la pena ante el riesgo de crisis en uno de los bastiones del poder industrial europeo.
PIB
Los últimos análisis del INE confirman el buen tono de la economía española, aunque no disipan las principales preocupaciones a medio plazo. El PIB avanzó más de lo esperado en la primera parte del año y la aportación del sector exterior sigue siendo positiva, lo que llama la atención en un contexto internacional complejo. Sin embargo, el crecimiento del consumo público (4,5% anual en el primer semestre del año) no parece sostenible. Y la inversión, tanto residencial como en equipamiento empresarial, avanza a un ritmo débil ante los déficits inmobiliarios y de productividad.