Buenos Aires.-El Gobierno argentino ha presentado ante la Corte pruebas e información «jurídicamente relevantes» para refutar la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman en la que acusa a la presidenta Cristina Fernández y a varios colaboradores de presunto encubrimiento de terroristas.
Según informó en un comunicado el Fiscal del Tesoro Nacional (PTN), a quien corresponde la defensa del Estado en Argentina, un documento institucional fue entregado al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°3, que preside el juez Daniel Rafecas. que trata sobre la denuncia interpuesta por Nisman cuatro días antes de su muerte.
Nisman murió de un disparo en la cabeza en su casa el 18 de enero, en circunstancias aún no aclaradas por los investigadores.
En su demanda, Nisman, fiscal especial por el atentado a la mutua judía AMIA que causó 85 muertos en 1994, acusa al presidente, al canciller Héctor Timerman y a varios dirigentes vinculados al oficialismo de haber orquestado un plan para encubrir al gobierno iraní. sospechosos del ataque a cambio de intensificar las relaciones comerciales.
La presentación del PTN fue anticipada ayer y «se realizó hoy con los respectivos anexos documentales», se lee en la nota de prensa.
Las pruebas aportadas incluyen, entre otras, documentación relativa a órdenes internacionales de detención de Interpol emitidas contra sospechosos iraníes, solicitudes de procedimientos de extradición, información de la Secretaría de Inteligencia y datos estadísticos del Ministerio de Economía sobre comercio.
El Gobierno sostiene que «no hay pruebas, ni siquiera indicativas» que fundamenten las acusaciones de Nisman, en palabras del jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich.
Durante su rueda de prensa diaria, Capitanich criticó la intención del fiscal argentino Gerardo Pollicita de hacerse cargo de la investigación de la denuncia y atribuyó el posible pedido de imputación de Cristina Fernández a una estrategia de «golpe judicial activo» para desestabilizar al Gobierno.
«Los requerimientos judiciales no persiguen un fin judicial, sino político, generar impacto político; No tienen ningún tipo de validez jurídica; «No hay pruebas que indiquen una posible culpabilidad», añadió.
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