Con la mayoría absoluta de los 120 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 27 de octubre de 2024, en segundo y último debate, la nueva reforma energética propuesta por el presidente Daniel Noboa.
La norma propuesta, denominada Ley Orgánica para Fomentar la Iniciativa Privada en la Producción de Electricidad, tiene como objetivo facilitar la inversión empresarial en proyectos que generen hasta 100 megavatios de energía renovable, no sólo 10 megavatios como es el caso ahora.
Estos proyectos de generación eléctrica no tendrán que pasar por un proceso de selección, por lo que se podrán acortar los plazos para su puesta en marcha.
En su proyecto original, el presidente Noboa también propuso que los contratos de compra de electricidad que celebren las distribuidoras estatales con empresas privadas de generación estén «respaldados por garantías emitidas por el Estado», a través de deuda pública o fideicomisos.
Precisamente la falta de garantías de pago de la electricidad entregada al Estado por empresas privadas fue uno de los obstáculos para la realización de proyectos de 800 megavatios a partir de 2020 y que habrían servido para cubrir aproximadamente el 74% del déficit actual.
Entre ellas se encuentran plantas solares, eólicas y de energías no renovables de los últimos años como Villonaco III, El Aromo y la incorporación de 500 megavatios procedentes de 10 plantas de energías renovables.
Garantía eliminada
Sin embargo, en segundo debate, la Asamblea Nacional modificó la propuesta y propuso darle a la Agencia de Regulación y Control Eléctrico (Arconel) la facultad de definir la prioridad de pago a los productores de electricidad, con la idea de que podría definir, de ser considerado, prioridades de pago para empresas privadas.
Para ello se creará un fideicomiso financiado con la recaudación del usuario final, aunque ya no constituye una garantía de pago, como propuso Noboa en su proyecto inicial.
Limitan la importación de gas natural sólo para autoconsumo
Otro cambio propuesto por la Asamblea es la inclusión de un artículo que permita a las empresas privadas importar gas natural para su propio consumo en la producción eléctrica.
Este límite ha sido cuestionado por el director de Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo, quien explica que el gas natural cuesta un 60% menos que el diésel del que ahora depende gran parte de la producción termoeléctrica del Ecuador y que, pese a ello, la Asamblea sugiere limitarlo a su utilización para autoconsumo.
En el debate, algunos diputados dijeron que apoyan el proyecto de ley para que el Ejecutivo «asuma la responsabilidad de la crisis» y luego no acuse a la Asamblea de no apoyar los cambios regulatorios propuestos.
Esto pese a que se afirma que el proyecto de ley no resolverá la crisis energética porque prácticamente fue reescrito en comisión y se modificaron los artículos con los que el Gobierno pretendía promover la inversión privada, dijo la diputada Lucía Penso.
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