Hasta el 30 de noviembre de 2024, el oleoducto de crudo pesado (OCP) deberá ser devuelto a la petrolera estatal tras la infructuosa conclusión de las negociaciones con el gobierno de Ecuador.
El viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira, informó a la OCP en una carta enviada el 25 de octubre a la empresa OCP Ecuador, responsable del oleoducto.
La carta confirma el cierre de la mesa de negociación con OCP Ecuador SA y ordena el traspaso completo de la actividad e infraestructura al Estado hasta el 30 de noviembre de 2024.
La OCP moviliza el 40% del petróleo ecuatoriano
La construcción de la OCP comenzó en junio de 2001 y fue llevada a cabo por compañías petroleras privadas, incluida la estadounidense Occidental, que, sin embargo, con el tiempo vendió sus acciones.
En la construcción de la OCP se invirtieron más de 1.475 millones de dólares, bienes que ahora pasarán gratis al Estado ecuatoriano.
Inaugurado en 2003, el oleoducto tiene 485 kilómetros de largo y transporta petróleo desde los campos petroleros en el norte del Amazonas hasta la terminal marítima de Balao en la provincia costera de Esmeraldas para su exportación.
El oleoducto privado OCP tiene mayor capacidad que el oleoducto estatal SOTE, pero está infrautilizado.
Así, entre enero y agosto de 2024, el OCP movilizó 189.000 barriles de petróleo por día. Es decir, transportó el 40% del petróleo extraído en Ecuador, pese a que la capacidad total del oleoducto es de 450.000 barriles diarios.
El contrato inicial que OCP firmó con Ecuador era por 20 años, venciendo el 12 de enero de 2024, pero la empresa privada, cuyo actual accionista es la empresa argentina Pampa, firmó una prórroga con el Estado para negociar la extensión del contrato.
La OCP habría ofrecido al Estado nuevas inversiones por hasta 200 millones de dólares, una parte de los cuales (unos 130 millones de dólares) se habrían destinado a la construcción de una nueva variante en los tramos ubicados en las provincias de Napo y Sucumbíos.
La nueva variante es necesaria para prevenir posibles daños derivados de la erosión regresiva del río Coca, un extraño fenómeno que comenzó en febrero de 2020 y que corroe el lecho del río y desmorona sus orillas.
El evento más reciente ocurrió en junio de 2024, cuando el OCP suspendió operaciones porque estaba a punto de agrietarse por efectos de la erosión y tuvo que ser desviado.
Para llegar a un acuerdo, el Gobierno de Ecuador otorgó varias prórrogas al contrato de OCP, la última de las cuales vence el 30 de noviembre de 2024.
Sin embargo, en su carta del 24 de octubre de 2024, el Viceministro de Hidrocarburos informó a la OCP la decisión de “cerrar la mesa de negociación” y “continuar el proceso de transición de la empresa OCP al Estado ecuatoriano hasta el 30 de octubre de 2024”. «. .
Fuente: Primicias