El catastro debe contener la inscripción de concesiones, autorizaciones, licencias, registros, entre otros. Además, mediante orden ejecutiva, Noboa crea el Comité Nacional de Integridad Minera.
A través del Decreto Ejecutivo 435, firmado por el Presidente Daniel Noboa, se entrega “al Ministerio de Energía y Minas; Ministerio del Medio Ambiente; la Agencia de Regulación y Control Minero; y, otros órganos competentes, la actualización inmediata y coordinada del registro minero y de riesgos correspondientes a las autorizaciones administrativas ambientales mineras, en un plazo no superior a seis meses.»
Es decir, a partir del 23 de octubre de 2024 existe un plazo de seis meses para presentar un catastro minero actualizado.
El registro de la propiedad deberá contener «la anotación de las concesiones, autorizaciones, licencias, inscripciones, certificados y autorizaciones expedidos, revocados y cancelados, de forma que se facilite la actuación de control realizada por cada organismo».
Asimismo, el decreto establece que los Ministerios de Ambiente, Energía y Minas, la Agencia de Regulación y Control Minero, en colaboración con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, deberán coordinar acciones «para identificar actividades ilícitas de recursos minerales en todo el territorio nacional». , que sean realizadas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sin habilitaciones, autorizaciones, permisos o licencias, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente; y, la posterior imposición de las sanciones administrativas que correspondan en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de las acciones que puedan tener lugar en materia fiscal, penal o de otra índole.
En entrevista reciente con LA HORA, María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara Minera del Ecuador, afirmó lo siguiente sobre la relación entre el cierre del catastro minero en 2017 (las concesiones legales para la explotación de los minerales) y el aumento en extracción ilegal:
“Recordemos que hay una coincidencia asombrosa. El registro minero se cerró a finales de 2017 y a principios de 2018 la minería ilegal comenzó a dispararse. Gran parte de la minería ilegal, que se parece más a la minería de narcóticos, está vinculada a grupos criminales organizados. Como ecuatorianos no podemos permitir que nuestros recursos geológicos sirvan al beneficio de estos grupos”, subrayó.
En este sentido, contar con un registro actualizado y confiable es el paso previo imprescindible para reabrir el registro minero y eliminar el alcance de los grupos criminales y la minería ilegal.
Noboa crea Comité Nacional de Integridad Minera
El decreto ejecutivo destaca «la necesidad de que los organismos de seguridad intervengan para identificar la explotación ilícita de minerales y, con la colaboración de otras instituciones estatales, cortar el flujo financiero del crimen organizado que amenaza a la población civil».
Para ello, el Presidente Noboa planea crear un Comité Nacional de Integridad Minera.
El Comité se constituirá “con carácter permanente, como órgano responsable de la coordinación interinstitucional para la evaluación nacional de riesgos y oportunidades en el sector minero; así como cualquier acción necesaria para contrarrestar las actividades ilícitas de recursos minerales y sus efectos”.
Contará con nueve miembros, entre ellos: los titulares o delegados de los ministerios de Gobierno, Defensa, Interior, Transporte y Obras Públicas, Energía y Minería, Medio Ambiente, Ingresos y Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE), Secretaría General de Integridad Pública .
En el seno del Comité actuarán con derecho a voz, pero sin voto, la Agencia de Regulación y Control Minero, la Aduana del Ecuador, el Centro de Inteligencia Estratégica y el Ministerio de la Producción.
“En un plazo de dos meses, a partir de la vigencia de este decreto ejecutivo, el Comité Nacional para la Integridad del Sector Minero (CONIM) aprobará la metodología, la evaluación nacional de riesgos y oportunidades y el primer plan de acción estratégico para mitigar los riesgos identificados y mejorar los resultados reflejados en la evaluación nacional de riesgos y oportunidades en el sector minero”, dice el decreto ejecutivo. (JS)