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La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lima y la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), expresan su profunda preocupación por la crítica situación del sector de hidrocarburos peruano.
Entre enero y agosto de 2024, las inversiones apenas alcanzaron los $337 millones, un nivel insuficiente para garantizar la sostenibilidad del sector y, lo que es más preocupante, la seguridad energética del país. Desde 2012, las reservas probadas han disminuido debido a la falta de reposición que requiere medidas inmediatas.
Es imperativo tomar acciones para reactivar la industria de los hidrocarburos, pilar esencial de la competitividad económica del Perú. Esta reactivación requiere condiciones claras y estables que promuevan la inversión privada, así como el respeto al marco constitucional existente. La institucionalidad, la previsibilidad y la seguridad jurídica son la base para atraer capital que permita al país reducir su dependencia de las importaciones de energía y fortalecer su soberanía energética.
En cambio, se buscaría dirigir la entrega de ciertos lotes de petróleo sin pasar por un proceso de licitación justo y equitativo, como lo establece la normativa vigente.
En este sentido, se debe respetar la autonomía de la Agencia de Promoción de Inversiones en Hidrocarburos (PERUPETRO) en la promoción y licitaciones internacionales que permitan obtener la mejor oferta de inversiones y planes de desarrollo en beneficio exclusivo del Perú.
Para garantizar el futuro de este sector productivo de la economía nacional, la Política Energética Nacional al 2050 debe reconocer el papel clave de los hidrocarburos. Para lograr este objetivo es fundamental: i) acelerar los permisos que permitan la exploración y explotación de nuevos yacimientos; a través de nuevos contratos que promuevan actividades como sísmica, perforación de pozos y desarrollo de infraestructura de transporte (ii) ajustar las escalas de regalías en función de las condiciones de producción y los precios internacionales; iii) simplificar los procedimientos para las actividades offshore; iv) garantizar la operación segura del Gasoducto Norte del Perú y, v) asegurar la compatibilidad de los hidrocarburos, respetando las áreas naturales protegidas, el medio ambiente y los procesos de consulta previa.
Reactivando este sector estratégico con seguridad jurídica y previsibilidad, podremos fortalecer la seguridad energética y maximizar su impacto económico para ayudar a cerrar brechas de desarrollo y mejorar la competitividad de las regiones.
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