El director del Instituto de las Víctimas, Ligia Hernándezanunció que a partir del lunes 9 de diciembre regresó a sus funciones en esa entidad luego de haber enfrentado una juicio penal que terminó con un sentencia de condena tras aceptar los cargos que le impuso la fiscalía en el caso “Corrupción de las semillas”.
La funcionaria emitió un comunicado en el que indicó que regresa a su trabajo “con gratitud, con determinación y sin ningún impedimento” para cumplir con el mandato que le fue encomendado a principios de este año, que es servir al pueblo de Guatemala desde entonces.
“Quiero reconocer la labor de todo el personal que forma parte de nuestra institución, quienes durante mi ausencia han demostrado una perseverancia ejemplar, apoyando la misión y los valores que nos guían con inquebrantable dedicación y voluntad”, expresó en el documento difundido. en sus cuentas sociales.
Agregó que el Instituto de las Víctimas continúa fortaleciéndose y prueba de ello es el esfuerzo que se hace cada día en la defensa de los derechos de las víctimas del delito, lo que calificó como una forma de «llevar una luz de esperanza» a quienes más lo necesitan.
Asimismo, Hernández reiteró su compromiso de liderar la institución con transparencia, rendición de cuentas y excelencia.
“Optimista y con la frente en alto, estoy seguro de que seguiremos construyendo los caminos de justicia y dignidad que merecen las guatemaltecas y guatemaltecos”, afirmó la directora.
El gobierno se pronuncia tras la liberación de Ligia Hernández
Sentencia contra Hernández
La directora del Instituto de las Víctimas y exdiputada del partido Movimiento Semilla, Ligia Hernández, recuperó su libertad en noviembre pasado tras pasar 90 días en prisión acusada de supuestas anomalías en temas electorales relacionados con ese grupo.
Hernández se sometió a un juicio de aceptación de cargos, pese a reiterar su inocencia en relación al caso en el que fue acusada, denunciado varias veces como persecución judicial por distintos sectores, incluido Estados Unidos.
La condena se relacionaba con dos delitos, específicamente control de fondos electorales y financiamiento electoral no registrado. El juez Fredy Orellana, titular del Séptimo Juzgado Penal, impuso por cada cargo una pena de un año de prisión, además de una multa de 20.000 libras. Sin embargo, debido a que el acusado se acogió a este procedimiento, la pena se redujo en un cincuenta por ciento.
*Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7
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