La policía ecuatoriana mató a 100 presuntos delincuentes en los primeros diez meses de 2024. Las muertes se registraron en enfrentamientos en los que los agentes dispararon «con el uso legítimo de la fuerza», según anunció la propia institución.
La mayoría de las muertes se registraron en la provincia de Guayas (44). De ellos, 34 fueron en Guayaquil y su área metropolitana.
16 presuntos delincuentes asesinados se registraron en la provincia de Los Ríos y nueve en El Oro, provincia fronteriza con Perú. Mientras que Manabí tiene siete presuntos delincuentes asesinados.
Estas cuatro provincias, donde se concentra la mayoría de los casos de presuntos delincuentes asesinados por la policía, se encuentran bajo el último estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa. El objetivo es luchar contra las bandas criminales organizadas.
“Como Policía Ecuatoriana siempre priorizamos la vida. Sin embargo, en defensa de nuestros ciudadanos, así como de nuestros agentes de policía, hicimos un uso legítimo de la fuerza”. Así lo subrayó el comandante general de la policía, Víctor Zárate, en sus redes sociales, para explicar el alto número de presuntos delincuentes fallecidos.
Las acciones letales de la policía ecuatoriana han aumentado desde 2023 y contrastan con los seis casos registrados en 2022.
Esto se debe a las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente al aumento de la delincuencia. Esto incluye la capacidad de los agentes de policía de utilizar armas de fuego para repeler un ataque o neutralizar a un delincuente flagrante que represente una amenaza.
El país con mayor número de muertes en América Latina
Ecuador se ha convertido en el primer país de América Latina en homicidios per cápita, con una tasa de 47,2 por 100.000 habitantes en 2023, ocho veces superior a la de 2016. Esto es producto del aumento de la violencia por parte de grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico. tráfico.
Desde principios de año, el Presidente Noboa ha elevado la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno». Con ello comenzó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, al tiempo que declaró un estado de excepción mediante el cual, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estas organizaciones.
En el transcurso de esta estrategia han surgido denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, Amnistía Internacional (AI) expresó esta semana su preocupación por lo que considera un deterioro de la situación de los derechos humanos en Ecuador.
Estas denuncias de organizaciones de derechos humanos incluyen detenciones realizadas con poca evidencia de garantías procesales, actos de tortura y otros malos tratos dentro de las cárceles, y ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Según el Gobierno, las muertes violentas a nivel nacional cayeron un 17% en 2024 respecto al año anterior. Pero los episodios de violencia criminal no han cesado, mientras también se siguen reportando secuestros y extorsiones.
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