A partir del 1 de junio de 2024, después de más de una década, Lafattoria dejó de servir comida en las cárceles de Ecuador. El monopolio de alimentos carcelarios, que generaba más de 170 millones de dólares, terminó luego de que el presidente Daniel Noboa acusara a la empresa de presuntos vínculos con el crimen organizado.
El gobierno anunció inmediatamente que lanzaría un nuevo procedimiento de contratación pública para encontrar un nuevo proveedor. Sin embargo, esto se hizo en secreto y nunca se supo quién recibió ese contrato, cuál fue el costo para el Estado ni las condiciones.
Recién el 20 de agosto de 2024, mediante una publicación en
Los días 28 y 29 de octubre de 2024 la institución realizó dos publicaciones más. Mencionó a la misma empresa y al servicio de catering del Centro de Readaptación Social de Latacunga.
Además, el 13 de noviembre de 2024, el SNAI confirmó a PRIMICIAS que Conalec también está trabajando en el complejo penitenciario de Guayas. Esto luego de que 17 presos fueran asesinados en el penal del Litoral, en medio de una lucha entre grupos criminales por el control del suministro de alimentos.
Masacre en el centro penitenciario: la escasez de alimentos y un comisario interrogado alientan la extorsión con la comida de los presos
¿Qué es Conalec?
En los sistemas públicos del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no existe ningún proceso iniciado por el SNAI para alimentación en los centros penitenciarios. Por ello tampoco queda rastro de la adjudicación al Conalec.
En el archivo de la Superintendencia de Sociedades (Supercías) existen dos registros de empresas identificadas con la sigla Conalec. La primera es una empresa fundada en 1968, dedicada a la elaboración y conservación de productos pesqueros, y que se encuentra en proceso de disolución.
El segundo se refiere al Consorcio Alimentando Ecuador, que fue constituido el 12 de julio de 2024, luego de la terminación del contrato con Lafattoria y un mes antes de que SNAI comenzara a dar a conocer la relación con esta nueva empresa.
Según Supercías, Conalec tiene su sede en Quito, en la oficina 401 del Edificio Alfil, ubicado en la zona financiera al norte de la capital. PRIMICIAS visitó el local, pero el gerente indicó que las oficinas sólo estaban numeradas hasta el 102. Además, no sabía nada de esta empresa.
El Consorzio Alimentando Ecuador está integrado por dos empresas extranjeras:
Consorcio Alimentando Panamá (Conalipa) – Panamá: posee el 80% de las acciones.
Huerta del Oriente – Colombia: Con el 20% restante de participación.
Para la constitución del Consorcio Gabrieli La Palma actuó como apoderado de ambas empresas en Ecuador. La Palma, según su perfil de LinkedIn, es licenciada en educación integral por el Politécnico de las Fuerzas Armadas de Venezuela.
Como primera acción, tras la creación del Conalec, La Palma designó como presidenta a la ecuatoriana Viviana Cuartas; y el colombiano Juan Carlos Almansa Latorre, como director general.
Almansa está en el centro de una serie de negocios que indican que es el propietario y beneficiario final del Consorcio, que se encargaría de la nutrición penitenciaria en Ecuador.
Además de ser director de Conalec, Almansa es accionista mayoritario y abogado de Conalipa, en Panamá. El resto de las acciones de Conalipa pertenecen a Ibeaser, empresa colombiana de la que también es propietaria Almansa.
Por parte de Huerta del Oriente, empresa colombiana, el 100% de sus acciones pertenecen a la Empresa de Alimentos y Servicios, que es una empresa panameña, también propiedad de Juan Carlos Almansa.
En Ecuador, según la Superintendencia de Sociedades, también existe una versión de Alimentos Y Servicios, que pertenece a la misma Almansa. Mientras que Ibeaser cuenta con sucursal en el país desde 2018.
PRIMICIAS consultó, vía correo electrónico, tanto al SNAI como al Conalec sobre los contratos entre ellos, sus montos y condiciones, así como sobre la relación de este servicio con la reciente masacre en Guayaquil, pero no recibió respuesta hasta el 15 de noviembre de 2024.
Un grupo empresarial controvertido
No es la primera vez que Almansa y su grupo empresarial se interesan por el mercado ecuatoriano. En octubre de 2020, el colombiano había hecho algunas preguntas como parte del proceso que había iniciado el SNAI para la alimentación carcelaria, pero al final no había presentado ninguna oferta.
Este juicio fue declarado nulo y sin efecto.
Almansa es un empresario que cuenta con casi 40 años de experiencia en la producción de alimentos. Su empresa matriz es Iberoamericano de Alimentos y Servicios (Ibeaser).
Según su sitio web, esta empresa tiene varios organismos públicos colombianos en su cartera de clientes. Entre estos destacan: la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana.
En agosto de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia multó a cuatro empresas vinculadas a la venta de raciones militares por valor de 8.000 millones de pesos colombianos (alrededor de 1,7 millones de dólares).
Entre las empresas sancionadas se encuentran Huerta del Oriente, accionista de Conalec en Ecuador, e Ibeaser, también vinculada a Almansa.
Reunión entre el director del penal de Cotopaxi y representantes del Conalec, 28 de octubre de 2024.X / @SNAI_Ec
Según el organismo público colombiano, estas empresas llegaron a un acuerdo ilegal para compartir las primas por la venta de platos preparados y productos de panadería de larga duración para la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.
Dos años después, en junio de 2022, la misma Superintendencia multó a nueve empresas relacionadas con la merienda escolar en Bogotá con 28.434 millones de pesos colombianos (unos 6,3 millones de dólares).
Entre los sancionados, una vez más, se encuentra Ibeaser. También en este caso el organismo de control constató la existencia de un acuerdo ilegítimo entre las empresas destinado a «eliminar la competencia». El diario El Tiempo de Bogotá caracterizó al «clan Almansa» como parte de los «conocidos saqueadores de raciones escolares».
Al igual que en Ecuador, el grupo Almansa también ingresó al mercado panameño, donde firmó contratos con cárceles de ese país por 7,9 millones de dólares. Su servicio tampoco estuvo lejos de la polémica.
En 2017, un grupo de reclusos del penal Nueva Esperanza de Colón denunciaron haber recibido alimentos en mal estado. “Medio plátano maduro hervido, con un chorizo y un vaso de té sin azúcar”, informó el diario Panamá América sobre el menú que sirve el grupo empresarial en Panamá.
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