Seúl.- El Parlamento surcoreano votó este sábado a favor de destituir al presidente Yoon Suk Yeol por su controvertido decreto de ley marcial del 3 de diciembre, que ha generado una profunda crisis política en el país.
La moción de impeachment fue aprobada con 204 votos a favor y 85 en contra en la Asamblea Nacional. A partir de la entrega oficial del documento de impeachment al presidente y al Tribunal Constitucional, Yoon será suspendido de sus funciones.
El tribunal tendrá hasta 180 días para decidir si ratifica su destitución o le restituye sus poderes. Si se confirma su destitución, se deberán convocar elecciones nacionales en un plazo de 60 días para elegir a su sucesor. Durante este período, el primer ministro Han Duck-soo asumirá el cargo de presidente interino.
Este fue el segundo intento de la Cámara de acusar a Yoon. La primera moción, presentada la semana pasada, fracasó porque la mayoría de los parlamentarios del gobernante Partido del Poder Popular boicotearon la votación.
Sin embargo, en esta ocasión, varios legisladores progubernamentales anunciaron que apoyarían el impeachment ante el creciente descontento público, las protestas masivas y la caída en picado del índice de aprobación del presidente, que ha alcanzado niveles históricamente bajos.
Durante las últimas dos semanas, decenas de miles de ciudadanos han salido a las calles de Seúl todas las noches, soportando temperaturas bajo cero, para exigir la destitución y el arresto de Yoon.
Entre consignas, canciones y bailes, los manifestantes incluso utilizaron palos de luz de K-pop como símbolo de protesta. Al mismo tiempo, miles de partidarios conservadores del presidente realizaron manifestaciones pacíficas en la capital para oponerse a su destitución.
El decreto de ley marcial de Yoon, el primero en más de 40 años en Corea del Sur, duró apenas seis horas pero desató un caos político que paralizó las actividades diplomáticas y afectó a los mercados financieros.
El Parlamento votó por unanimidad a favor de derogar el decreto, lo que obligó a Yoon a retirarlo. Antes de la votación, el presidente envió cientos de soldados y policías en un intento de bloquear el Parlamento, pero se retiraron sin enfrentamientos violentos.
Los partidos de oposición y varios expertos legales acusaron a Yoon de rebelión, argumentando que su decreto violaba la Constitución.
Según la ley surcoreana, el presidente puede declarar la ley marcial sólo en tiempos de guerra o emergencias similares, y no tiene autoridad para suspender las operaciones del Parlamento, ni siquiera bajo este régimen excepcional.
La moción de juicio político afirma que Yoon “cometió un acto de rebelión que afecta la paz en la República de Corea al orquestar una serie de disturbios” y que su decreto tenía como objetivo debilitar la Constitución y amenazar al Parlamento y a la población.
En un encendido discurso el jueves, Yoon rechazó las acusaciones de rebelión y defendió su decreto como un acto de gobierno legítimo. Acusó al principal partido de oposición, el Partido Demócrata, de ser una “fuerza antiestatal” que utiliza su mayoría legislativa para bloquear el funcionamiento del gobierno.
“Lucharé hasta el final para evitar que las fuerzas y grupos criminales que paralizan al gobierno y perturban el orden constitucional amenacen el futuro de la República de Corea”, dijo.
El líder del Partido Demócrata, Lee Jae-myung, calificó los comentarios de Yoon como «una declaración de guerra contra su propio pueblo».
Aunque los partidos de oposición ocupan 192 de los 300 escaños del Parlamento, necesitaron el apoyo de al menos ocho parlamentarios progubernamentales para alcanzar la mayoría requerida de dos tercios, que lograron en esta votación.
Yoon, a quien se le ha prohibido salir del país, se enfrenta a una investigación en curso sobre posible rebelión, abuso de poder y otros delitos relacionados con su decreto de ley marcial.
Según la ley surcoreana, un presidente no tiene inmunidad ante cargos de rebelión o traición, lo que lo deja expuesto a investigación, arresto o incluso procesamiento. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte.
Además de Yoon, varios altos funcionarios, incluido su ministro de Defensa, el jefe de la policía nacional y el jefe de la Policía Metropolitana de Seúl, fueron arrestados por su participación en el caso.
Otros altos funcionarios militares y gubernamentales también están bajo investigación mientras el país atraviesa una de las crisis políticas más graves de su historia reciente.
(Con información de Infobae y Associated Press)
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