El Gobierno español firmó el viernes un acuerdo con los principales sindicatos, CCOO y UGT, que prevé la reducción de la jornada laboral semanal hasta 37,5 horas, desde las 40 horas actuales. Sin embargo, las organizaciones empresariales no apoyaron la medida y abandonaron las negociaciones después de 11 meses de conversaciones.
La ministra española de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsora de la reforma, celebró el acuerdo subrayando que «Es hora de que las ganancias de productividad se compartan con los trabajadores».
La reforma forma parte de los compromisos asumidos en el programa de gobierno firmado por la coalición Socialista-Sumar en octubre de 2023.
La nueva legislación prevé una reducción gradual de la jornada laboral semanal, primero hasta 38,5 horas, sin reducciones salariales.
La medida afectará a unos 12 millones de empleados del sector privado, mientras que los empleados del sector público ya se benefician de una semana laboral de 37,5 horas.
Los empresarios advierten de los riesgos para la competitividad
Las organizaciones empresariales se oponen a la reforma, argumentando que una norma única para todos los sectores perjudicaría la competitividad de las empresas españolas. También advierten que la medida podría debilitar algunas industrias.
Yolanda Díaz rechazó las críticas de la patronal, señalando que la economía española es la más dinámica de la OCDE, con un crecimiento previsto para 2024 del 3,1%.
Prometió impulsar la reforma, a pesar de los obstáculos.
La reforma encuentra oposición en el Parlamento
El acuerdo firmado con los sindicatos tendrá que ser aprobado por el Parlamento para entrar en vigor. Sin embargo, la reforma encuentra renuencia por parte de algunos aliados del gobierno, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el partido independiente Junts per Catalunya (JxCat).
El futuro de la reforma depende de la votación parlamentaria, mientras que la oposición y algunos partidos aliados siguen siendo escépticos.