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El miembro de la Junta de Directores de la Asociación Nacional de Centros, Eduardo Cáceres, ha anunciado que las organizaciones no gubernamentales (ONG) irán al Tribunal Interamericano de Derechos Humanos (Tribunal de IDH) si consideran que la nueva ley de control de los fondos afecta sus derechos. Cáceres aclaró que antes de llegar a ese extremo, todos los procedimientos internos en Perú se agotarán para desafiar la medida.
La ley, que fue promulgada por la presidenta Dina Boluarte, intenta regular y supervisar el uso de fondos de ONG que reciben fondos internacionales. Este estándar cambia la ley no. 27692, obligando a las organizaciones a registrar sus planes, proyectos y gastos en una plataforma pública administrada por la Agencia de Cooperación Internacional de PeruViana (APCI).
Cáceres enfatizó que esta ley no es un acto aislado, sino parte de un modelo más amplio de medidas contra las ONG, relacionadas con un enfoque autoritario que ha aumentado en diferentes instituciones estatales. Para el representante de la Asociación Nacional de Centros, esta regulación podría afectar la libertad de las organizaciones y su capacidad para operar con transparencia.
Finalmente, aunque las ONG respetarán el juicio legal, los Cácer han reiterado que usarán el tribunal de IDH si consideran que se han violado sus derechos fundamentales. La apelación internacional sería el último paso, después de tratar de resolver la situación dentro del país.
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