ADespués de los ataques del 11 de septiembre de 2001, George W. Bush había establecido un nuevo paradigma legal. Lo había bautizado «Guerra al terrorismo», término que le había permitido tratar de liberarse de la ley ordinaria. En las siguientes semanas, 5,000 ciudadanos de países musulmanes habían sido arrestados, en particular en Nueva York, y otros 80,000 convocados por la policía y los archivos, en nombre de la nueva «Guerra al terror».
La Corte Suprema había intervenido. En diferentes decisiones históricas, había refutado la idea de que el terrorismo justifica la suspensión de la ley constitucional estadounidense. El 28 de junio de 2004, la institución, ya dirigida por John Roberts, la actual Presidente del Tribunal Supremo – habían reafirmado que los prisioneros de la «guerra» anti -terrorista tenían derecho a desafiar la legalidad de su detención ante la justicia estadounidense, bajo el principio deTienes un cuerpo. Incluyendo extranjeros, dijo «Enemigos de combate»Detenido en un territorio que el presidente republicano había elegido para la vaguedad legal que lo rodeó: la base de Guantánamo, en el suelo cubano.
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