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La extensión, que gobierna desde el sábado 17 de mayo y tendrá lugar durante 30 días, se ha anunciado a través de un decreto supremo publicado en la Gaceta oficial El Peruano. La medida cubre los distritos de Ate, Carabayllo, Comas, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, así como toda la provincia constitucional de Callao.
Durante este período, la Policía Nacional tomará el control de la orden interna, con el apoyo de las fuerzas armadas. La extensión también implica restricciones a los derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio y la libertad del tráfico, además de la prohibición del movimiento de vehículos menores en algunas categorías.
Sin embargo, la medida planteó críticas a los alcaldes de los distritos no incluidos, como Felipe Castillo de Los Olivos y Nestor de La Rosa del Rímac. Castillo pidió tener en cuenta su distrito, advirtiendo sobre el riesgo de migración de los delincuentes, mientras que De La Rosa sufre que la «Franja de Lima Norte» fue «desmantelada» por la exclusión.
La extensión del estado de emergencia intenta enfrentar la creciente inseguridad, pero también revela la necesidad de una estrategia más completa que incluya todas las áreas afectadas.
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