La Cámara de los Diputados analizará esta semana un proyecto de ley que tiene como objetivo liberar impuestos sobre las vacunas adquiridas por el estado, con el objetivo de fortalecer el Programa de Inmunización Expandida (PAI) y garantizar la continuidad de las campañas de salud pública. La propuesta ya tiene una multa de la mitad del Senado e intenta corregir lo que sus conductores consideran una anomalía en el sistema fiscal.
Las comisiones de los asuntos económicos y financieros; Salud pública; Industria, comercio, turismo y cooperativo; Las cuentas y el control de la ejecución del presupuesto, además del presupuesto, han emitido opiniones a favor de la aprobación. El enfoque legislativo surgió después de un informe del Ministerio de Salud Pública, que advirtió obstáculos en la aduana derivada de la interpretación de la Dirección Nacional de Ingresos Fiscales (DNIT).
Según este informe, el DNIT sostiene que el ministerio debe pagar el IVA cuando importa productos orgánicos para la inmunización. Este requisito requiere el pago del impuesto en el momento de la pensión de la vacuna, que genera demoras en la cadena de frío y compromete su conservación y efectividad. Las autoridades de la salud advierten que es un obstáculo que excede la seguridad orgánica financiera y directa.
Los defensores del proyecto señalan que las vacunas constituyen un bien público que protege a toda la comunidad, no solo para aquellos que reciben la dosis. Por lo tanto, consideran justificado un régimen fiscal especial que nos permite acelerar los procesos y proteger los programas preventivos que, durante décadas, han reducido la incidencia de enfermedades transmitidas al país.
La iniciativa legislativa subraya que no intentamos crear privilegios, sino para reconocer la naturaleza esencial de las vacunas y asegurar que el estado tenga los insumos necesarios sin demoras burocráticas.
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