Especialistas y académicos nacionales e internacionales coinciden en que el aumento del Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas no sólo resulta ineficaz para cumplir con sus fines no tributarios, sino que viola los principios constitucionales de progresividad, proporcionalidad y equidad fiscal.
Así se dio a conocer durante el XXVI Seminario Nacional y XIII Internacional sobre la importancia de la Investigación en Ciencias Jurídicas, celebrado en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Además, el encuentro académico, realizado en la Unidad de Posgrado de FES Acatlán, incluyó la presentación del libro “Impuestos a las bebidas azucaradas: ¿la actual regulación del IEPS es eficiente, coherente y cumple con su objeto no fiscal?”
En el marco del conversatorio, los expositores plantearon que la medida tributaria generó efectos negativos tanto a nivel económico como social y no resultó ser un mecanismo real para reducir los índices de obesidad y diabetes en México.
Al respecto, el doctor Argos Campos Ribeiro Simões, presidente del Tribunal de Impuestos y Impuestos del Estado de São Paulo, destacó que el actual sistema de IEPS es un “error económico tributario”, ya que afecta más a los consumidores de bajos ingresos, convirtiéndolo en un impuesto regresivo.
Según explicó, mientras los sectores más pobres sufren un impacto directo en su poder adquisitivo, aquellos con mayor capacidad económica terminan beneficiándose y soportando una carga proporcionalmente menor.
En la misma línea, el Dr. Allan Fallet, profesor de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, destacó que este tipo de impuestos han mostrado efectos nocivos en países como Reino Unido y Dinamarca, donde su aplicación ha generado distorsiones en el mercado sin lograr beneficios sustanciales para la salud pública.
En su opinión, el principio de neutralidad fiscal está comprometido, sobre todo porque los consumidores con menor poder adquisitivo son los que soportan la mayor carga.
Visión nacional en la misma línea
Por su parte, el doctor Gerardo García Silva, profesor de la FES Acatlán, sostuvo que el aumento del IEPS responde más a una estrategia de recaudación que a un genuino interés de salud pública.
El profesor recordó que, aun con un ingreso estimado superior a los 41 mil millones de pesos, la medida no está vinculada a programas específicos de prevención o asistencia médica. «El remedio podría resultar más caro que la enfermedad», advirtió, subrayando la urgencia de una reforma fiscal integral que realmente garantice equidad y progresividad.
Finalmente, la doctora Elba Jiménez Solares, también académica de FES Acatlán, reforzó las críticas al señalar que el aumento a 3.0818 pesos por litro de refresco implica una violación directa al mandato constitucional que exige que los impuestos se paguen de manera proporcional y equitativa.
Según estimaciones de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), este tipo de acusaciones atentan contra derechos fundamentales relacionados con la salud, la alimentación y el trabajo, además de poner en riesgo a más de 60 mil pequeños empresarios.
Los ponentes coincidieron en que, a más de una década de la creación de este impuesto, no se han observado cambios significativos ni en los hábitos de consumo ni en la reducción de enfermedades metabólicas. En cambio, se ha creado un esquema que favorece a las grandes corporaciones y concentra ganancias, violando los principios fundamentales de justicia fiscal y derechos humanos.
Finalmente, los académicos llamaron a repensar la política tributaria relacionada con las bebidas azucaradas y desarrollar medidas que sean verdaderamente proporcionales, justas y progresivas, respetando lo establecido en la Constitución mexicana.
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