La Cámara de Comercio de Estados Unidos está demandando a la administración de Donald Trump por imponer un impuesto de 100.000 dólares a las visas H-1B. Más detalles ahora. La Cámara de Comercio de Estados Unidos presentó una demanda federal contra la administración del presidente Donald Trump por imponer un arancel anual a $100,000 para nuevas solicitudes de visa H-1Buna medida que la organización califica de ilegal y amenaza con perjudicar gravemente a las empresas estadounidenses que dependen de trabajadores extranjeros altamente cualificados.
La demanda fue presentada el jueves en un tribunal de Washington D.C., donde la Cámara busca una declaración de que el presidente se excedió en la autoridad del poder ejecutivo al fijar la tasa sin la aprobación del Congreso.
Además, busca impedir que agencias federales –como el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado– implementen la medida.
Las visas H-1B están diseñadas para trabajadores calificados en industrias donde hay escasez de talento local, particularmente en el sector tecnológico.
Grandes empresas como Amazon, Microsoft, Apple y Google se encuentran entre las principales beneficiarias del programa y aproximadamente las tres cuartas partes de las visas aprobadas corresponden a trabajadores procedentes de la India.
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La administración Trump justificó el nuevo arancel argumentando que los empleadores estadounidenses están reemplazando a los trabajadores locales con mano de obra más barata del extranjero. Sin embargo, la Cámara de Comercio sostiene que la medida contradice las leyes de inmigración actuales, que establecen que las tarifas deben reflejar los costos administrativos de procesar visas y no servir como una herramienta para limitar el acceso al trabajo.
Antes de este anuncio, el costo promedio de una solicitud H-1B era de aproximadamente $3,600, por lo que la nueva tarifa representa un aumento sin precedentes.
Según la demanda, este arancel afectaría gravemente a las empresas que dependen del talento extranjero, obligándolas a reducir la contratación o aumentar significativamente los costes operativos.
Aunque la tarifa expira después de un año, el gobierno podría extenderla si lo considera beneficioso para el “interés nacional”.
Mientras tanto, la disputa promete abrir un nuevo capítulo en el debate sobre la inmigración, la competitividad económica y la autoridad presidencial en Estados Unidos.
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