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MADRID, 21 de octubre (EUROPA PRESS) –
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este martes la absolución del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de corrupción de testigos y fraude procesal, con lo que anuló la pena de arresto domiciliario de doce años impuesta en primera instancia.
“Así se oculta la historia del gobierno paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, declaró en su perfil de la red social X, donde asegura que la corte está “repitiendo la historia”.
En ese sentido, denunció que la Corte Superior de Bogotá contradijo a la Corte Suprema al considerar la interceptación del teléfono de Uribe como prueba ilegal y violatoria de su derecho a la privacidad. «Afirma que las escuchas telefónicas que un magistrado de la Corte Suprema le hizo judicialmente a un delincuente, en las que aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es privacidad», criticó.
Petro vinculó lo ocurrido con la situación internacional, asegurando que su par estadounidense, Donald Trump, «aliado con estos políticos y con Uribe, buscará sanciones contra el presidente que en vida denunció las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia», en el contexto de la nueva crisis diplomática entre Bogotá y Washington por la lucha contra el narcotráfico.
El jefe de Estado colombiano agregó que la comisión de impeachment de la Cámara de Representantes «ya busca un golpe de Estado» y precisó que entre los impulsores de esta iniciativa estarían «los implicados en la apropiación indebida de Fomag», en relación a la polémica por el sistema de salud docente.
Finalmente, convocó a una movilización ciudadana para este viernes en la Plaza Bolívar de Bogotá, donde, según afirmó, comenzará la recolección de firmas del llamado poder constituyente: “Llegó la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo”, concluyó.
DUQUE: “SE HA HECHO JUSTICIA”
Por su parte, el antecesor de Petro, Iván Duque (2018-2022), aseguró que «se ha hecho justicia» y que «ha prevalecido la inocencia que demostró Uribe a lo largo de su vida, y después de tantas infamias». Por ello felicitó a Uribe, sus abogados y su familia «por esta gran victoria de la democracia y el Estado de derecho».
«Su galantería, honestidad, patriotismo y compromiso con la legalidad vencieron a muchos detractores que intentaron castigar su batalla contra el crimen. La Corte venció todas las irregularidades del proceso con transparencia y rigor», dijo el ex jefe de Estado colombiano.
Por otro lado, Juan Manuel Santos, quien dirigió el país antes de Duque y después de Uribe, entre 2010 y 2018, se limitó a subrayar que la decisión de la Corte «debe ser recibida con respeto». «Las sentencias de la justicia se siguen siempre, no por conveniencia o cálculo político. La independencia del poder judicial es la base de una democracia sólida», concluyó.
El juez Manuel Antonio Merchán del Tribunal Superior de Bogotá declaró inocente al expresidente y exsenador y apeló la primera sentencia, argumentando que tenía deficiencias estructurales en la valoración de la prueba, así como errores metodológicos y falta de rigor lógico en el análisis de testimonios y documentos.
El 1 de agosto, Uribe se convirtió en el primer expresidente colombiano condenado penalmente. Además de la pena de doce años de arresto domiciliario, el juez le impuso una multa de más de 3.444 millones de pesos, equivalentes a 2.420 salarios mínimos (aproximadamente 720.700 euros).
El origen del caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por intentar comprar falsos testimonios en su contra en las cárceles del país sobre su relación con el nacimiento del paramilitarismo en Antioquia. Sin embargo, todo cambió cuando varias personas confirmaron lo contrario.
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