| Entre la inestabilidad política y las demandas internacionales, el futuro del sector extractivo sigue siendo incierto. |
La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) ha decidido someter a Madagascar a un régimen de supervisión reforzada durante un período de un año. Esta medida excepcional se decidió “tras la toma del poder militar” el 14 de octubre de 2025. Durante este período de observación, el país tendrá que demostrar su capacidad para cumplir con los principios y requisitos del estándar EITI para evitar una suspensión formal.
Incluso antes de la crisis política, Madagascar ya tenía un historial frágil, con una puntuación global de 67/100 en la aplicación de la Norma 2019. Las evaluaciones resaltaron deficiencias recurrentes: poca transparencia de los contratos mineros y petroleros, divulgación insuficiente de los beneficiarios finales, coordinación limitada entre las partes interesadas y falta de anclaje institucional del proceso. Los indicadores «Transparencia», «Participación de las partes interesadas» y «Resultados e impactos» se sitúan en torno a los 66-67 puntos, lo que refleja un nivel de cumplimiento considerado «bastante bajo».
Requisitos
Ante la inestabilidad política, el Consejo Directivo solicita una estrecha supervisión por parte del Secretariado Internacional del EITI. Si Madagascar no logra corregir sus debilidades antes de noviembre de 2026, se podría imponer una suspensión. En particular, el país debe avanzar en más de una veintena de requisitos: gestión de licencias, publicación de contratos, calidad de los datos comunicados, gobernanza de las empresas públicas, transferencias financieras a las comunidades, accesibilidad de la información e incluso debate público.
Por su parte, el director ejecutivo de EITI Madagascar, Marc Sergio Clerc, quiere ser tranquilizador: «La libertad condicional no es una condena. El EITI recuerda que el proceso se basa en estándares, evaluaciones y mejoras continuas. Los esfuerzos ya realizados simplemente deben continuar y consolidarse. Nuestra institución permanece activa y más decidida que nunca a fortalecer la transparencia, esencial para la buena gobernanza de los recursos naturales».
Para el sector extractivo, esta prueba constituye una señal de alarma. Una posible suspensión podría dañar el atractivo del país, la confianza de los inversores y la transparencia de los ingresos mineros y petroleros.
Irina Tsimijali