El Gobierno Nacional lo decretó oficialmente el estado de emergencia económica a través del decreto 1390 de 2025lanzado el lunes por la noche. la medida Tendrá una vigencia de 30 días y permitirá al Ejecutivo emitir decretos con fuerza de ley para hacer frente a la crisis fiscal que se agravó tras la presentación del Proyecto de Ley de Finanzas al Congreso.
Con esta decisión, el Gobierno busca responder a un escenario de desfinanciamiento que compromete el cumplimiento de las obligaciones sociales, contractuales y judiciales del Estado.
Dudas sobre el papel del Tribunal Superior
Ahora será Corte Constitucional encargada de evaluar la aplicabilidad del decretoen un contexto marcado por el debate jurídico sobre los tiempos y alcances del control constitucional, en medio de la vacancia judicial.
El anuncio no estuvo exento de preguntas. el abogado Ramiro Bejarano advirtió que “ningún Tribunal puede decidir sobre una vacancia, ni siquiera el Tribunal Constitucional”.” y señaló que actuar fuera de los horarios habituales podría sentar un precedente arriesgado.
En la misma línea, el exsenador Humberto de la Calle sostuvo que “al ganar 20 días no puede aparecer que la Corte actúe con enojo” y consideró que No hay efectos irreversibles que justifiquen decisiones apresuradas.
Sin embargo, otros juristas recuerdan esto. La legislación actual exige que el Gobierno remita inmediatamente los decretos de emergencia al Tribunal Constitucional. para su control automático, sin que la vacancia judicial suspenda esta tarea.
Razones, según el Gobierno
Entre los motivos que motivaron la declaración, El Ejecutivo denunció la presión fiscal que genera el pago de la UPC en sanidad, el deterioro del orden público y el riesgo para los líderes socialesasí como el colapso de las dos reformas tributarias más recientes, que apuntaban a ingresos de 12 mil millones de dólares y 16,3 mil millones de dólares.
A esto se suman los efectos de la ola invernalsentencias pendientes por 1.500 millones de dólares, obligaciones contractuales vencidas por 5.100 millones de dólares, deudas con las víctimas del conflicto por 1.600 millones de dólares y restricciones a la deuda pública.
Posible alcance del anuncio
Con la emergencia económica, el Gobierno prepara un paquete de medidas fiscales que incluirían ajustes al 4×1000, cambios en el impuesto al patrimonio, nuevos impuestos al consumo y al juego online, impuestos a los cigarrillos, tabaco y dispositivos de vapeo, así como un impuesto especial al petróleo y al carbón. Se espera que en las próximas horas se anuncien oficialmente los decretos reglamentarios que desarrollarán estas decisiones.
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