El Gobierno de Ecuador ha confirmado que la decisión de cerrar varios pasos fronterizos con Colombia y Perú responde exclusivamente a criterios de seguridad nacional, en un contexto marcado por el avance de organizaciones criminales transnacionales que operan en zonas fronterizas.
La medida, anunciada oficialmente el 24 de diciembre, mantiene habilitados solo dos pasos internacionales: Rumichaca, en la frontera norte con Colombia, y Huaquillas, en la frontera sur con Perú. El resto de accesos terrestres permanecen cerrados por tiempo indefinido.
Según el Régimen, el objetivo central es concentrar los controles estatales, reducir el uso de rutas irregulares y limitar la movilidad de economías ilícitas que impactan directamente en la seguridad de los ciudadanos.
Una estrategia para contener el crimen organizado
El Ejecutivo explicó que la restricción de pasos forma parte de una estrategia integral de control fronterizo, diseñada para combatir delitos como el contrabando, la trata de personas, la minería ilegal, la extorsión y el sicariato.
El Ministerio de Gobierno aseguró que la decisión está sustentada en informes técnicos y de inteligencia, que alertan sobre el uso del acceso secundario por parte de estructuras criminales para evadir controles y trasladar personas, armas o bienes ilícitos.
“Cerrar el acceso incontrolado nos permite concentrar recursos, personal y tecnología en puntos estratégicos”, dijo la entidad en un comunicado oficial.
Rumichaca y Huaquillas, puntos claves del control estatal
Con la nueva disposición, Rumichaca sigue siendo el único paso autorizado hacia Colombia, mientras que Huaquillas concentra el tráfico fronterizo con Perú.
Las autoridades argumentan que esta centralización facilita la vigilancia interinstitucional, el control de inmigración y aduanas, y la coordinación con las fuerzas de seguridad, lo que reduce la vulnerabilidad del Estado a las redes criminales transfronterizas.
Impacto económico y preocupación en zonas fronterizas
La decisión, sin embargo, ha provocado reacciones negativas en las provincias fronterizas, especialmente en Loja, donde los sectores comercial, turístico y manufacturero han expresado preocupación por las consecuencias económicas.
Representantes locales han advertido que limitar el tránsito en la frontera podría afectar el comercio binacional, el flujo de visitantes y negocios que dependen del intercambio regular entre comunidades de ambos lados de la frontera.
Mesa de diálogo con autoridades locales
Ante estas declaraciones, el Gobierno informó que el sábado 26 de diciembre se conformó una mesa de trabajo con los alcaldes y dirigentes de las asociaciones productivas de Loja.
El objetivo del encuentro fue escuchar inquietudes económicas y coordinar acciones que mitiguen el impacto local, sin comprometer las medidas de seguridad adoptadas por el Estado.
Según el Ejecutivo, el desafío es encontrar un equilibrio entre protección ciudadana y dinamismo económico, en un escenario de fuerte presión por el accionar del crimen organizado.
Sin plazo definido para levantar la medida
Hasta el momento, la Cancillería no ha detallado cuánto tiempo permanecerá vigente la restricción ni cuáles serán los indicadores para una posible reapertura de otros pasos fronterizos.
El gobierno insiste en que la decisión será evaluada permanentemente, en función de la evolución de los riesgos de seguridad y el comportamiento de las economías criminales en zonas cercanas.
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