El Juzgado Quinto de Circuito Civil ordenó prisión preventiva de cinco días al alcalde de Valledupar, Mello Castro González, como sanción por incumplimiento de la sentencia T-946 de 2011 emitida por la Corte Constitucional.
Además, el presidente también deberá cumplir con el pago de los tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, que ascienden a aproximadamente $4.000.000.
El asunto está vinculado a que el tribunal ordenó desalojar a los invasores de las propiedades donde se ubican los asentamientos Los Guasimales, Altos de Pimienta, Brisas de la Popa y Bello Horizonte II, propiedad de Mauricio Pimienta Naranjo, quien lucha por recuperar sus tierras desde hace 11 años.
El fallo señala que, si bien es cierto que la administración municipal impulsó el conjunto residencial El Porvenir, al sur de esta capital y al que se habrían trasladado 811 familias asentadas en las mencionadas invasiones, dichas acciones fueron insuficientes. Pues informó que hay viviendas que se encuentran permanentemente invadidas, a pesar de los esfuerzos de desalojo.
Por su parte, la Alcaldía anunció que firmó un acuerdo con los ocupantes de los lotes en el que se comprometieron a desalojar voluntariamente, pero que este no fue respetado.
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