Madrid, 31 de enero de 2026 – Conciencia es Dignidad invita a leer y conocer el análisis jurídico y político realizado por nuestro relator, el profesor Ramón Alfredo Aguilar Camero*, titulado «Venezuela: Trump, protección constituyente y transición«en el que advierte que, tras la destitución de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, el país ha entrado en una fase de transición caracterizada por el ejercicio del «poder constituyente» por parte del gobierno de Estados Unidos, que debe canalizarse hacia la restitución democrática y no sólo hacia la estabilización económica.
La transición ya ha comenzado, pero es incierta. Contrario al punto de vista de algunos sectores académicos, Aguilar Camero aclara que la transición es un proceso iniciado y no un fin en sí mismo. El nombramiento de figuras interinas por parte del TSJ con calificativos no previstos por la Constitución (como «ausencia forzosa») y la administración directa de los recursos venezolanos desde Washington, confirman que el orden constitucional de 1999 está siendo reemplazado por una institucionalidad transitoria bajo «control remoto».
De su razonamiento indica que no hay transición real hasta que se restablezca el respeto a los derechos humanos y mientras persista la persecución. “La liberación total de los presos políticos no es un gesto humanitario; Es una condición estructural de vitalidad.«, se lee en el informe. El cese de leyes represivas como la «Ley contra el Odio» y la promulgación de una ley de amnistía acordada con las fuerzas democráticas son pasos urgentes para dar legitimidad interna a cualquier estructura de gobernanza.
Asimismo, el análisis resalta la contradicción de buscar la recuperación económica manteniendo las estructuras originales del régimen que produjo la crisis. Dado que Venezuela ocupa el último lugar en términos de libertad económica y transparencia global, advierte que inyectar dinero en una administración que aún mantiene un control militar y policial represivo (DGCIM, SEBIN y colectivos) significa “girar la rueda de la corrupción”.
El documento examina el vertiginoso y complejo escenario político, institucional y jurídico que vive Venezuela tras los hechos de enero de 2026. Ante la pregunta de si el país se encuentra realmente en transición hacia la democracia, Aguilar advierte enérgicamente:
“La transición venezolana no puede reducirse a la recuperación económica o la reactivación del sector petrolero sin priorizar el restablecimiento del Estado de derecho, la liberación de los presos políticos y la reconstrucción de las instituciones democráticas”.
Prioridad: la justicia antes que el petróleo
El análisis sostiene que anticipar la estabilidad económica antes de una transición política real es un error insostenible que reproduce los fracasos del pasado. El punto de partida no negociable debe ser la liberación total e inmediata de todos los presos políticos y el cese de la persecución judicial.
Por otro lado, Aguilar profundiza en la necesidad de un desarme civil efectivo, apuntando directamente a la neutralización de “colectivos” y milicias, la purga de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el cierre inmediato de los centros de tortura administrados por la DGCIM y el SEBIN. Asimismo, es imperativa la expulsión de “asesores” extranjeros de Cuba, Rusia, Irán, China y Corea del Norte.
Hacia un nuevo contrato social
Entre las propuestas más innovadoras contenidas en el informe se encuentran:
La creación de un cogobierno de transición, en el que la oposición democrática participe en los órganos que reorganicen y designen temporalmente al TSJ, el CNE, la Fiscalía y las directivas de PDVSA y BCV, hasta que se celebren nuevas elecciones libres y justas.
En lo que respecta a activos en el exterior; La estrategia debe ser clara y precisa para la protección de CITGO, el manejo de la deuda soberana y la defensa del país en disputas internacionales, para lo cual llama a la aplicación o prórroga de la orden ejecutiva no. 14373 del presidente Trump (de fecha 9 de enero de 2026) y nos invita a ser coherentes con la política exterior estadounidense manifestada desde 2020.
Por otro lado, es necesario impulsar el retorno de la diáspora: la inclusión de los 8,7 millones de venezolanos en el exterior como base para la reconstrucción del país, junto con el regreso de los líderes de las fuerzas democráticas en el exilio.
También sería significativo emprender una reforma laboral y social, considerando una profunda reestructuración del sistema para devolver la dignidad al trabajador venezolano.
Ilegitimidad del parlamento actual
Finalmente, Aguilar critica la falta de legitimidad de origen de los proyectos de ley que se debaten actualmente en la asamblea oficial, destacando que sólo un gobierno legítimo y con apoyo internacional podrá gestionar con éxito la reestructuración de la deuda y la rehabilitación económica definitiva de Venezuela.
Conciencia es Dignidad llama a la administración de Donald Trump y a los actores internacionales a priorizar el cambio institucional y el respeto a la soberanía popular expresada en las elecciones de julio de 2024. Sin una justicia independiente y sin el desmantelamiento del aparato de opresión, cualquier inversión extranjera será, en palabras del autor, “una mala copia de la película que provocó la crisis humanitaria”.
Descargue el documento completo aquí: https://concienciaesdignidad.org/la-transicion-venezolana-como-cuando-con-quienes-y-hacia-donde-se-dirige-el-proceso/
*Sobre el autor: Ramón A. Aguilar Camero es abogado acreditado en Venezuela y Colombia, especialista en derecho procesal (UCV) y derecho laboral (UCAB), magíster en arbitraje internacional (UNIR – España) y candidato a doctor en derecho (UCV). Es experto en litigios internacionales y docente universitario y egresado de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente reside en España.
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