Donald J. Trump ha firmado una nueva orden ejecutiva que revierte parte de su política comercial hacia Cuba.
La medida cancela los aranceles contra los países que suministran petróleo a la isla.
Sin embargo, sigue vigente la declaración de emergencia nacional contra el gobierno cubano.
La decisión se produce después de un fallo de la Corte Suprema que limitó el alcance de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
Fin de tarifas aprobado en enero
Donald J. Trump firmó una orden ejecutiva el 20 de febrero de 2026 que elimina los aranceles adicionales impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
Entre ellos estaban los vinculados a la Orden Ejecutiva 14380 contra el gobierno cubano.
El sistema tarifario había sido aprobado el 29 de enero, apenas tres semanas antes. Permitió imponer un arancel ad valorim adicional a cualquier país que vendiera o suministrara petróleo a Cuba, directa o indirectamente.
A diferencia de otras sanciones dirigidas a La Habana, el mecanismo tenía como objetivo presionar a terceros estados. La estrategia tenía como objetivo dificultar el acceso de Cuba al mercado energético internacional mediante recargos comerciales a sus socios.
La nueva orden establece que dichas tarifas deben dejar de cobrarse «tan pronto como sea posible». Las agencias federales deberán ajustar el Arancel Armonizado de EE. UU. para implementar el cambio.
La sentencia del Tribunal Supremo
La decisión coincide con un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. El mismo día, el Tribunal dictaminó por seis votos contra tres que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles.
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Según el fallo, la ley permite “regular” el comercio exterior en situaciones de emergencia. Sin embargo, no otorga autoridad expresa para establecer impuestos o gravámenes generales.
La sentencia invalida retroactivamente las tarifas globales que la administración había impuesto con base en esas reglas.
La emergencia nacional sigue vigente
A pesar de la abolición de los aranceles petroleros, la Casa Blanca confirmó que la emergencia nacional declarada el 29 de enero sigue activa.
La clasificación de “amenaza inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos no ha sido revocada.
Otras acciones tomadas de conformidad con esa declaración permanecen intactas. Tampoco se modifican marcos jurídicos como el artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial o el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Además, el 13 de febrero Trump extendió la emergencia que le permite regular el fondeo y movimiento de barcos hacia Cuba.
Esa autoridad incluye la capacidad de detener e inspeccionar barcos estadounidenses y extranjeros que se dirijan a la isla.
La medida original data de 1996, tras el derribo de los aviones de Hermanos en Rescate.
Washington dice que el gobierno cubano no ha garantizado que evitará el uso excesivo de la fuerza y advierte sobre el riesgo de una migración masiva.
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Adaptación de la estrategia hacia Cuba
La secuencia muestra un cambio específico de política hacia La Habana. Se retira el mecanismo que castigaba a terceros países que vendían petróleo a Cuba.
Al mismo tiempo, se mantiene la estructura jurídica de la presión. Se mantienen vigentes las competencias nacionales de emergencia y control del tráfico marítimo.
La decisión marca un punto de inflexión en el frente comercial, pero no implica el levantamiento de medidas centrales contra el gobierno cubano.
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