La Asamblea Nacional abrió el lunes el proceso de nominación para seleccionar al nuevo Fiscal General de la República, cárgalo Quedó vacante tras la salida de Tarek William Saab. La recepción de solicitudes se extenderá hasta el próximo 9 de marzo en la sede del Palacio Federal Legislativo, en Caracas.
El recurso fue lanzado el viernes por el presidente de la comisión parlamentaria encargada del proceso, el diputado chavista Giuseppe Alessandrello, quien invitó a los ciudadanos en posesión de los requisitos constitucionales a presentar sus credenciales.
El proceso también incluye la elección del nuevo defensor del pueblo, tras la renuncia de Alfredo Ruiz y el nombramiento de Saab para el mismo cargo.
¿Cuáles son los requisitos para postularse al cargo de Fiscal General de la República?
Según el oficio publicado por la Asamblea Nacional, los candidatos a la Fiscalía General de la República deben ser venezolanos de nacimiento y sin otra nacionalidad, tener reconocida honorabilidad y tener al menos 15 años de experiencia profesional en el ámbito jurídico, como abogado en ejercicio, profesor universitario de derecho o juez superior.
Además, no podrán tener vínculos familiares con altas autoridades estatales.
Los candidatos deberán presentar una carpeta con documentación que incluya copia ampliada de la cédula de identidad, credenciales académicas, comprobante de experiencia, declaración jurada de militancia apartidista y resumen curricular con los respectivos soportes.
Una vez finalizada la fase de recepción, la comisión evaluará los expedientes y enviará al pleno una lista de candidatos idóneos para la designación definitiva.
Tras la renuncia de Saab, quien asumió temporalmente la Defensoría del Pueblo, el abogado Larry Devoe ha quedado a cargo interinamente de la Fiscalía mientras se concreta el nuevo nombramiento.
El vicepresidente de la Comisión, diputado Bernabé Gutiérrez, afirmó que el país atraviesa una etapa institucional que requiere transparencia y llamó a confiar en el mecanismo de evaluación. La comisión está integrada por parlamentarios del oficialismo y sectores que dicen pertenecer a la oposición.
Se estableció el mismo día en que se oficializó la renuncia.
El proceso se da en medio del debate generado por la reciente aprobación de una ley de amnistía en el Parlamento, que prevé la revisión de algunos casos judiciales de carácter político.
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