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A él Instituto Nacional Penitenciario (INPE) tomó medidas radicales tras la detención de uno de sus empleados, identificado por la Policía Nacional como presunto líder de una organización criminal dedicada a la extorsión en el distrito del Rímac. se trata de Frank Jonathan Montero Francia (38)conocido como ‘Chino’, quien trabajaba en la fábrica Medio Libre del Callao.
La captura, realizada por la Brigada Especial contra la Delincuencia Exterior (Beicce) en la urbanización Ventura Rossi, permitió desarticular la banda denominada ‘La nueva generación del Rímac’. Durante la intervención en la Avenida Morro de Arica, los agentes encontraron indicios que vinculan directamente al funcionario público con actividades delictivas de alto impacto.
Pruebas incriminatorias: «Plata o plomo»
Investigaciones fiscales y policiales revelan que Montero Francia lideraba el cobro de honorarios a mototaxis y conductores de colectivos informales de la zona. Los elementos incautados incluyen:
- Explosivos y drogas.
- Siete celulares (uno reportado como robado).
- Un manuscrito exorbitante con la frase: “Todos los escenarios informales del territorio deben alinearse con nosotros… plata o plomo”.
Además, la investigación de su brigada aérea reveló fotografías de armas de fuego que, según la PNP, el oficial ofrecía en alquiler a otros delincuentes comunes. Las cámaras de vigilancia también habrían grabado a miembros de esta banda cometiendo atentados en la Avenida Alcázar antes de refugiarse en el domicilio del preso.
Respuesta institucional y purga interna
Mediante comunicado oficial difundido el 7 de marzo, el INPE anunció la separación temporal del sospechoso conforme al Decreto Legislativo 276. Pero la disposición administrativa es sólo el comienzo de una intervención más amplia: la Oficina del Interior inició una auditoría en la sede donde Montero prestó servicios para identificar posibles cómplices o redes de colaboración al interior de la entidad.
Si bien el INPE calificó el hecho como un «caso aislado», la institución reiteró su política de tolerancia cero y se comprometió a aportar todas las pruebas necesarias al Ministerio Público para garantizar una sanción ejemplar. El caso vuelve a poner en duda los filtros de control y confianza sobre el personal que supervisa y gestiona el sistema penitenciario del país.
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