El impacto de la guerra en Oriente Medio amenaza con empeorar la situación de las familias españolas y convertir una vez más su ya debilitada cartera en una víctima colateral del conflicto. La ecuación es sencilla: los precios son un 18% superiores a los niveles de 2021, cuando se desató la primera gran ola inflacionaria, pero los salarios no se han apreciado con la misma intensidad. Es decir, los consumidores sufren un nuevo golpe sin haber recuperado totalmente el poder adquisitivo perdido.
De hecho, se están acumulando indicadores que apuntan a algo nuevo. choque inflacionario, a la espera de ver si será posible una salida relativamente rápida del conflicto. Este es el mejor de los casos, ya que el peor de los casos indica una crisis energética y de suministro que desacelera el crecimiento. A medida que el conflicto evoluciona y la magnitud del golpe se vuelve clara, en los 10 días transcurridos desde el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, el petróleo Brent ha superado la barrera de los 100 dólares por barril; la gasolina registró el mayor aumento en ocho meses; el gas (el índice TTF holandés, de referencia europeo) ha pasado de los 30 euros el megavatio hora (MWh) a más de 50, y la electricidad en el mercado mayorista ha pasado de una media de 16,4 euros el MWh en enero a unos 67 euros en lo que va de febrero, situándose por encima de los 100 euros en los dos últimos días. Unos incrementos que pesan aún más cuando se observan en retrospectiva.
Es cierto que la inflación en España se ha moderado y se acerca al objetivo del 2%, pero las familias son más sensibles a las subidas. El pasado enero se situó en el 2,4%, a años luz de los niveles de 2021 y 2022, cuando los precios se dispararon primero por el desajuste entre oferta y demanda al salir del confinamiento y luego por la invasión rusa de Ucrania, que dio lugar a una crisis energética y de suministro que empujó la inflación a niveles de dos dígitos. Sin embargo, esta moderación en el crecimiento de los precios no fue suficiente para compensar la caída de los últimos años, como muestran datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El índice de precios al consumo (IPC) del pasado mes de enero, antes del ataque a Irán, era 18,4 puntos superior al indicador del mismo mes de 2021. En el caso de la inflación subyacente, que no considera los rubros más volátiles como los alimentos frescos y la energía –por lo que es un indicador más fiable de la tendencia estructural de los precios– el aumento es similar, equivalente al 16,7%.
La otra cara de la moneda son los salarios, que a pesar de aumentar más que el índice de precios al consumidor en los últimos años, se han quedado rezagados con respecto a los aumentos de precios acumulados: las pensiones se han actualizado al mismo nivel. Entre enero de 2021 y enero de 2024, los salarios crecieron un 12,3%, según los últimos datos disponibles para un año completo de la estadística de costes laborales del INE. Incluso si a este porcentaje se suma el aumento salarial del 3,5% previsto por un acuerdo el año pasado, los aumentos salariales son insuficientes. Ni siquiera las subidas pactadas que entraron en vigor en enero (2,9%), las más bajas de los últimos dos años, compensarían una nueva y fuerte subida de los precios.
El aumento de precios de algunos productos básicos también fue superior al IPC general. Sorprende especialmente la evolución de los precios de los alimentos: se han encarecido un 26,8% entre 2021 y 2026, con incrementos cercanos al 30% en el caso de productos básicos como leche, harina, carne, pasta, aceite de oliva, legumbres o patatas, consumidos en mayor proporción por las familias con rentas más bajas. Caso aparte es el de los huevos, con un incremento acumulado del 55%, a lo que se suma el impacto de la gripe aviar. Otros bienes con marcado incremento y relevancia en la vida diaria son los productos energéticos (20,5%), los combustibles (17,4%), la recogida de residuos (32,3%) o la hostelería (20,6%).
A todo ello hay que sumar otro gasto importante para las familias: la vivienda. El IPC construido por el INE no tiene en cuenta los precios de compraventa de inmuebles, que se han disparado y se han convertido en un lastre: sólo en 2025 aumentaron un 9,6%, alcanzando un nuevo récord. Ni siquiera refleja la evolución del conjunto de los alquileres, ya que sólo tiene en cuenta las renovaciones de contrato, excluyendo los pisos nuevos que entran por primera vez en el mercado. Un informe reciente del sindicato CGT concluyó que la carga sobre los inquilinos habría aumentado un 30% entre 2019 y 2025, frente al casi 10% que constata el organismo estadístico y el 25% del índice general.
En un análisis publicado la semana pasada, el centro de estudios Funcas vislumbraba un escenario menos disruptivo que el abierto por la guerra en Ucrania: si el conflicto se prolongara otros tres meses, empujaría la inflación al 3% de aquí al verano y restaría dos décimas al crecimiento de la economía española. Sin embargo, la incertidumbre es elevada y no se puede descartar un impacto «significativamente más negativo» si el conflicto se prolongara y se intensificara, advierte la institución debido a la importancia estratégica de la zona afectada.
La guerra golpea a los principales productores de petróleo del Golfo Pérsico y a una arteria clave del comercio mundial de hidrocarburos: el Estrecho de Ormuz, controlado por Irán y ahora bloqueado. Por allí pasa una quinta parte del petróleo y el gas licuado que se venden a nivel mundial, así como muchos fertilizantes esenciales para la producción de alimentos. De momento, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado que el Gobierno español está preparando ayudas porque el conflicto ya está «golpeando los bolsillos de los españoles», sin entrar en detalles dada la enorme incertidumbre que rodea el escenario.