Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional presentaron los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, en el que México logró una puntuación de 27 puntos sobre 100 posibles, solo un punto más que el año anterior. A pesar de esta ligera mejora, el país ha bajado una posición en el ranking internacional y se sitúa en el puesto 141 de 182 naciones evaluadas.
El IPC mide la percepción sobre la corrupción por parte de especialistas, analistas de riesgos financieros, académicos y empresarios de cada país. La escala va desde cero, la peor valoración, hasta 100, la mejor. En el caso de México, los resultados reflejan un estancamiento en la lucha contra la corrupción, ya que se mantiene al final tanto dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde ocupa el puesto 38 de 38, como en el G20, donde sólo supera a Rusia.
A nivel mundial, los países con mejor puntuación fueron Dinamarca (89/100), Finlandia (88/100) y Singapur (84/100), mientras que los países con peor puntuación fueron Venezuela (10/100), Somalia (9/100) y Sudán del Sur (9/100). En América Latina, México se ubica por encima de Guatemala, Paraguay, Honduras, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero por debajo de Brasil y Chile, sus principales competidores económicos en la región.
Entre los hallazgos más relevantes para México, Transparencia Mexicana destacó el impacto del llamado “huachicol fiscal”, que en 2025 representó una pérdida de casi 610 mil millones de pesos, equivalente a 40 veces el valor económico del escándalo de Segalmex. Este fenómeno refleja nuevas expresiones de corrupción vinculadas a redes transnacionales de macrocrimen, que requieren el fortalecimiento de las capacidades estatales y la cooperación internacional.
Otro punto crítico es la persistencia de la extorsión, especialmente en sectores vulnerables. Según datos del INEGI y del sector privado, 16 empresas de cada 100 declararon haber sido víctimas de este delito, que afecta principalmente a las micro y pequeñas unidades económicas. Además, seis de cada diez mexicanos reportaron haber sufrido sobornos o extorsiones por parte de policías, lo que ubica a este delito entre los tres más comunes en la vida diaria.
El informe también destacó la ineficacia a la hora de sancionar la corrupción administrativa y penal. Sólo en 7 casos de 100 hubo alguna sanción por parte de los tribunales administrativos, mientras que en materia penal persiste la impunidad en casos emblemáticos como Odebrecht y Pemex Agronitrogenados. En otros, como Estafa Maestra y Segalmex, las condenas fueron parciales y limitadas a individuos, sin desmantelar redes de corrupción.
Finalmente, se señaló la ausencia de mecanismos destinados a evitar la captura de la contratación pública por intereses ilícitos. México no cuenta con sistemas efectivos para identificar y verificar a los beneficiarios que controla, además de tener falencias en la calidad y estandarización de los datos de adquisiciones públicas. La falta de interoperabilidad entre los registros mercantiles, los registros fiscales y las sanciones limita la transparencia y abre espacio para prácticas irregulares.
Transparencia Mexicana reiteró que el IPC no mide casos específicos, sino tendencias, y que los resultados deben servir como herramienta para fortalecer la rendición de cuentas y la protección de los recursos públicos. El estancamiento de México en este índice refleja la necesidad de repensar estrategias y colocar la lucha contra la corrupción como una prioridad nacional.
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