España ha alcanzado el objetivo de déficit fijado para 2025, equivalente al 2,5% del PIB. Así lo anunció este jueves la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero los desayunos, un nuevo formato de encuentro informativo organizado por RTVE y EFE. «Se trata de un hecho importante», subrayó también la ministra de Hacienda, y que da a España un «colchón» para reaccionar ante acontecimientos inesperados como la reciente guerra en Irán, que amenaza con una crisis energética y que llevó al Ejecutivo a convocar este viernes un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar medidas encaminadas a paliar el aumento de los precios de los combustibles.
«Pocos podían imaginar que era posible alcanzar este hito sin aplicar ningún recorte cuando el déficit alcanzó el 10% en plena pandemia», afirmó Montero, quien subrayó que la mejora de los números rojos no se consiguió mediante recortes ni fuertes subidas de impuestos -como hizo el PP durante la crisis financiera, subrayó-. «Hemos ampliado las bases fiscales y recuperado la progresividad. Y quiero dejar claro que el mantra del infierno fiscal predicado por la extrema derecha simplemente no se sostiene», defendió. «Bajamos los impuestos a quienes tienen menos, pero los aumentamos a las grandes empresas y bienes». La cifra concreta del déficit de fin de año, aclara el ministerio, se conocerá a finales de este mes, cuando será comunicada a Bruselas.
El déficit, que indica la brecha entre los ingresos y gastos del gobierno, se ha corregido en gran medida desde los picos alcanzados durante el Covid gracias a la sólida recuperación económica. La reactivación de la actividad ha dado alas a la recaudación, impulsada a su vez por la espiral inflacionaria que alcanzó su máximo nivel hace cuatro años, tras la invasión rusa de Ucrania. En 2024, España logró cerrar el año con un déficit equivalente al 2,8% del PIB, aproximadamente siete puntos por debajo del valor alcanzado en el año de la pandemia. Sumando los gastos extraordinarios adeudados a Dana en octubre de ese año (que Bruselas permitió desagregar), los números rojos se elevan hasta el 3,2% del PIB. Alcanzar el objetivo en 2025 implicaría una corrección de al menos siete décimas.
Este margen, sin embargo, no implica automáticamente una mayor capacidad de maniobra por parte del Gobierno. Como recordó la propia ministra, Bruselas no suspendió las reglas fiscales como hizo durante la pandemia y el posterior golpe inflacionista. Además, el déficit ya no es la variable de referencia a la hora de evaluar si un Estado miembro ha respetado los compromisos presupuestarios acordados con la UE. El nuevo marco monitoriza el crecimiento del gasto público –medido neto, descontando los intereses de la deuda, medidas de renta y otras partidas– y todas las proyecciones indican que España tendrá que aplicar ajustes a partir de 2027 para cumplir con la senda acordada.
Con estas medidas –sumadas a la gran incertidumbre sobre la duración de la guerra y su contagio económico a sectores distintos al energético–, se espera que el gobierno anuncie un paquete más suave que el aprobado para paliar la crisis inflacionaria de 2022, que representó la mayor reducción de impuestos energéticos jamás aprobada. Montero no ha querido sacar adelante ninguna de las iniciativas que formarán parte del plan que anunciará mañana el presidente Pedro Sánchez, salvo precisar que algunas de ellas serán estructurales, ligadas al mercado energético, y otras tendrán como objetivo «aliviar la presión» del aumento de los precios de los combustibles.
Aseguró que el Gobierno seguirá negociando el contenido del decreto de ayudas con los grupos parlamentarios, y que sólo incluirá «lo que haya consenso». Esta posición enfría la posibilidad de introducir medidas en materia de vivienda, como topes al alquiler, solicitadas por grupos como Sumar o ERC, pero que otros rechazan, como Junts, cuyos votos también son necesarios. «Hoy, en este momento, estamos hablando tanto con los agentes sociales como con los grupos parlamentarios para asegurar su elaboración», aseguró Montero.