La Audiencia Nacional española ha abierto un caso abierto contra el empresario venezolano Alejandro Betancourt, por presunto lavado de 4.350 millones de dólares de la petrolera venezolana PDVSA, al tiempo que se han suspendido las investigaciones sobre el supuesto origen ilícito de estos fondos en Venezuela.
El juez encargado del caso, Santiago Pedraz, cerró la investigación sobre este empresario, que fue detenido en Londres en septiembre del año pasado y posteriormente puesto en libertad, confirmaron a Efe fuentes jurídicas.
Esta investigación, que era secreta, se inició a raíz de una denuncia de la Fiscalía y tenía como objetivo establecer si una serie de ciudadanos venezolanos habían cometido blanqueo de capitales mediante inversiones en España con dinero procedente de un fraude resultante de un préstamo firmado en 2012 por la petrolera estatal venezolana PDVSA y la empresa privada Administradora Atlántico.
Sin embargo, la Justicia venezolana cerró el caso sobre la legalidad de este préstamo en 2023, según afirmó el empresario venezolano investigado ante la Audiencia Nacional y confirmó Pedraz, tras enviar una comisión rogatoria.
Al no ser ilícito el origen de los fondos, no surge el delito de lavado de dinero y es por ello que Pedraz cierra el caso. «No existe, por tanto, ningún antecedente delictivo. Y, como es sabido, el delito de blanqueo de capitales (…) requiere no sólo una actividad delictiva previa, sino también una relación de causalidad entre el inmueble y esta actividad delictiva», subraya el juez en su auto, al que tuvo acceso EFE.
Pedraz subraya que si los fondos no tienen un origen delictivo comprobado no puede haber delito de lavado de dinero y que la justicia venezolana ha establecido que «el préstamo a Pdvsa y su repago en moneda extranjera cumple con la legalidad de ese país y no constituye delito» y esta resolución tiene efectos jurídicos internacionales.
Además, Pedraz también cierra la causa en relación con un delito contra el erario público español al entender que la acusación del Fiscal al respecto era genérica, no precisaba una base fáctica ni indicaba qué fraude fiscal podía haber cometido el investigado.
Madrid/EFE
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