El Gobierno aprueba una macroplanta fotovoltaica a pesar de la oposición de los municipios y agricultores
El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado luz verde a la construcción de una macroplanta fotovoltaica en la Plana Baja (Castellón), a pesar de las críticas y la oposición de numerosos municipios y agricultores. La declaración de impacto ambiental positiva ha sido emitida a pesar de que la instalación de la planta implicará la pérdida de campos de regadío.
Un proyecto ambicioso
El proyecto, promovido por Arada Solar, una filial de la multinacional noruega de renovables Estadística, tiene como objetivo ocupar más de 352 hectáreas de suelo con casi 339,000 módulos fotovoltaicos en los municipios de Vall de Uxó, Chilches y Moncófar. Además, se construirá una nueva subestación eléctrica y se instalará una línea de media tensión de casi 18 kilómetros para evacuar la energía generada por la planta.
La oposición de los agricultores
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha expresado su rechazo al proyecto debido a la pérdida de una importante superficie agraria en plena producción. Según la organización, los agricultores han invertido en la modernización de los sistemas de riego y ahora ven amenazado su esfuerzo.
El Gobierno autonómico también ha emitido informes negativos, argumentando que la macroplanta afecta a suelos de alta capacidad agrícola. Varios municipios han suspendido la concesión de licencias para la construcción de la planta. A pesar de estas objeciones, el Gobierno de Pedro Sánchez ha emitido una declaración de impacto ambiental favorable, imponiendo 54 condiciones para permitir el desarrollo del proyecto.
La propuesta de autoconsumo energético
La asociación rural ha denunciado que la concentración de instalaciones fotovoltaicas en grandes plantas en suelo agrícola o forestal es una agresión al mundo rural. Proponen priorizar el autoconsumo energético en lugar de grandes plantas fotovoltaicas que destruyen el territorio rural y ponen en peligro la producción agrícola.
La organización se reunirá con agricultores, ayuntamientos, partidos políticos y asociaciones afectadas para consensuar una posición común de rechazo y no descarta convocar acciones de protesta.
Carles Peris, secretario general de la Unión en la Comunidad Valenciana, ha destacado la importancia de preservar la superficie agraria útil, especialmente en un contexto de producción de alimentos que no garantiza la suficiencia alimentaria y donde el índice de precios de los alimentos está descontrolado.
