El acuerdo entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez aborda el conflicto político en Cataluña
El acuerdo firmado entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España, aborda los “elementos esenciales del conflicto político” entre el Estado y Cataluña. Sin embargo, el texto evita mencionar la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista y los hechos que los jueces consideraron probados.
El acuerdo reconoce que los acontecimientos ocurridos entre la sentencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña en 2010 y el referéndum de independencia anulado por el Tribunal Constitucional en 2017 generaron una tensión institucional y social. Además, destaca que muchos de los procedimientos judiciales relacionados con estos hechos aún están en curso. El acuerdo también propone la aprobación de una ley de amnistía para “culminar la desjudicialización” del conflicto.
Aunque el texto no profundiza en la parte judicial del conflicto ni cuestiona las decisiones de los jueces, expone algunos hechos que chocan con el relato judicial establecido en la sentencia del Tribunal Supremo. El acuerdo reconoce la existencia de una supuesta legitimidad atribuida por los independentistas a través de resoluciones parlamentarias, victorias electorales y el referéndum del 1 de octubre de 2017. Sin embargo, también reconoce la legitimidad establecida por las leyes y la Constitución. El acuerdo equipara ambas legitimidades y reconoce que hubo una confrontación entre ellas que condujo al conflicto político actual. Por el contrario, el Tribunal Supremo considera que solo existe una legitimidad posible, la de las leyes, y critica a los líderes del proceso por arrogarse el monopolio de interpretar lo que es legítimo.
Según los jueces, el referéndum del 1 de octubre fue un engaño al pueblo catalán por parte de los líderes independentistas, quienes eran conscientes de que la autodeterminación no era viable jurídicamente y que el referéndum no conduciría a la creación de un Estado soberano. El Tribunal Supremo también critica la supuesta legitimidad parlamentaria otorgada por las leyes de desconexión aprobadas por el Parlament en septiembre de 2017, considerando que intentaban crear una aparente cobertura jurídica para hacer creer a la ciudadanía que estaban contribuyendo a la fundación de la República de Cataluña.
El acuerdo entre el PSOE y ERC también menciona las diferentes concepciones de soberanía entre las dos partes del conflicto y reconoce que esta discrepancia ha marcado las relaciones políticas e institucionales. Sin embargo, el Tribunal Supremo no ha respaldado hasta ahora estas diferentes concepciones de soberanía, considerando que la soberanía es nacional y reside en el pueblo español.
En resumen, el acuerdo entre el PSOE y ERC aborda los elementos esenciales del conflicto político entre el Estado y Cataluña, pero evita mencionar la sentencia del Tribunal Supremo y los hechos probados por los jueces. El acuerdo reconoce la existencia de diferentes legitimidades y concepciones de soberanía, mientras que el Tribunal Supremo defiende la primacía de las leyes y la soberanía nacional.