El ‘lawfare’: ¿qué es y en qué consiste?
El acuerdo entre el PSOE y Junts contempla la creación de comisiones de investigación parlamentarias para determinar los casos de ‘lawfare’
En el ámbito político, el término ‘lawfare’ se refiere al uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Los dirigentes independentistas consideran que son víctimas de esta práctica, señalando casos como el del abogado de Puigdemont, Carlos Boye, el clan Pujol o la presidenta de Junts, Laura Borràs. ERC también incluye en este término el caso Buch, el ‘Tsunami Democràtic’, las causas de los CDR por el 23-S y el caso Volhov.
El uso generalizado del ‘lawfare’ en la política
El concepto de ‘lawfare’ comenzó a utilizarse a finales del siglo XX y se ha generalizado en el ámbito político como una forma de denunciar los intentos de desprestigiar a través del sistema judicial. Partidos como Unidas Podemos, los Comunes, Compromís y los partidos independentistas de Cataluña se han proclamado víctimas de procesos judiciales propiciados por el ‘lawfare’ en los últimos años.
El ‘lawfare’ en España: casos y denuncias
En España, el independentismo ha denunciado ser víctima del ‘lawfare’, especialmente en el caso proceso, donde acusan al Supremo de haber asumido irregularmente la competencia para juzgar una causa y de nutrirla con atestados de la Guardia Civil que consideran que se confeccionaron con la intención de hacer encajar el 1-0 en los delitos de rebelión o sedición. Sin embargo, no todos los independentistas están de acuerdo en considerar otros casos como ‘lawfare’, como el caso Pujol, las adjudicaciones a dedo de Laura Borràs o el blanqueo de capitales atribuido a Gonzalo Boye.
Unidas Podemos, los Comunes y Compromís también han denunciado el uso de la justicia con fines políticos en casos como el ‘caso Dina’ que involucró al exvicepresidente Pablo Iglesias o el ’caso Neurona’ que investigó al cofundador del partido Juan Carlos Monedero. Además, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha enfrentado varias causas abiertas por querellas presentadas por sectores contrarios a sus políticas.
En Valencia, la líder de Compromís, Mónica Oltra, vio su carrera política afectada por una investigación judicial en la que se la acusa de beneficiar a su marido, imputado en un caso de abuso sexual. Su partido considera esta causa como una “cacería” política impulsada por Vox.
En resumen, el ‘lawfare’ es una práctica que ha sido denunciada por diversos partidos políticos en España, tanto por el independentismo como por formaciones como Unidas Podemos, los Comunes y Compromís. Estos partidos consideran que han sido víctimas de procesos judiciales con fines políticos, utilizando el sistema judicial para perseguir, desacreditar o destruir la imagen pública de sus adversarios políticos.
