ERC y PNV critican al Gobierno de coalición
La XV Legislatura estará marcada por la cuestión territorial, ya que el Gobierno de coalición formado por el PSOE y Unidas Podemos se verá condicionado por los partidos independentistas y nacionalistas. En particular, el PSOE y Unidas Podemos centrarán su atención en Cataluña y el País Vasco, ya que dependen del apoyo de ERC, Junts, Bildu y PNV, mientras que el resto de comunidades autónomas están mayoritariamente gobernadas por opositores al presidente Pedro Sánchez, es decir, por el Partido Popular o por socialistas críticos como Emiliano García-Page.
A nivel territorial, hay muchos desafíos, especialmente en lo que respecta a la reforma del sistema de financiación. Sin embargo, parece que cualquier cambio en este sentido solo se llevará a cabo si beneficia a los independentistas catalanes, ya que los vascos tienen un régimen fiscal propio. Hasta ahora, el acuerdo de investidura incluye referencias a las demandas de ERC, que ha logrado la condonación de 15.000 millones de euros de deuda, y de Junts, que exige que la Generalitat gestione el 100% de los tributos. Tanto los republicanos como los posconvergentes quieren negociar los recursos económicos que llegan a Cataluña, y cualquier modelo de financiación requerirá su aprobación, ya que son determinantes en el Congreso y las relaciones entre el PSOE y el PP están en suspenso.
Sin embargo, la financiación parece quedar en un segundo plano, ya que el Gobierno estará rodeado por las ambiciones “plurinacionales” de ERC, Junts, Bildu y PNV. Cada uno de estos partidos le da un significado distinto a este concepto. Los posconvergentes son los más insistentes en que se avance en esta cuestión, ya que han centrado todos sus esfuerzos en ello. ERC también presiona, pero tiene otros frentes abiertos y podría quedar satisfecha si logra el traspaso de Cercanías y una mejora en la financiación.
Tanto ERC como Junts, que han impulsado una mesa de diálogo con el PSOE, aunque por separado, aspiran a acordar un referéndum con el Gobierno. Sin embargo, esta posibilidad parece casi inviable en este momento, ya que el PSOE considera que es una línea roja que no está dispuesto a cruzar.
Los republicanos ya han puesto en el punto de mira a dos ministros: Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles. Han sido muy críticos con la gestión de Marlaska en temas como el caso Pegasus o la crisis migratoria, y en el ámbito de Interior aspiran a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana del PP.
Por su parte, Bildu también presiona con la idea de un referéndum, siguiendo la “vía escocesa”. Sin embargo, la izquierda abertzale evita las presiones que sí imponen los independentistas catalanes y asegura que quieren avanzar “sin prisas”. También es cierto que, además de la amnistía, pedirán medidas para fomentar la “convivencia” en el País Vasco, lo que podría traducirse en beneficios para los presos de ETA.
Finalmente, el PNV también busca iniciar la negociación de un nuevo acuerdo que reconozca la identidad nacional del País Vasco. Sin embargo, todo está muy abierto y se ha establecido un horizonte temporal de un año y medio, que comenzará a contar después de las elecciones vascas. Además, los nacionalistas vascos están descontentos con el elevado número de ministros y con la creación de ministerios sin competencias para el Estado, como el de Vivienda. Exigen de inmediato la transferencia de las treinta competencias restantes, así como financiación para el euskera y capacidad para la Ertzaintza.
El Gobierno se encuentra en una situación complicada, ya que necesita el apoyo de estos cuatro partidos para gobernar. Sin ellos, la supervivencia de la legislatura sería inviable. Por tanto, el PSOE (121 escaños) y Unidas Podemos (31 escaños), que suman 152 diputados, necesitarán el respaldo o la abstención de los 25 escaños que suman ERC (7), Junts (7), Bildu (6) y PNV (5).
