La justicia argentina reabre dos causas y llama a juicio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner
Revocan sobreseimiento en casos de lavado de activos y encubrimiento de atentado
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ha decidido reabrir dos causas y llevar a juicio oral a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estos casos, archivados previamente, incluyen acusaciones de lavado de activos y asociación ilícita a través de una inmobiliaria familiar y la empresa administradora de sus hoteles en la Patagonia. Además, se la acusa de encubrir a los iraníes responsables del atentado contra la mutual israelita en Buenos Aires en 1994. Un tribunal oral había cerrado este último caso en octubre de 2021 por falta de pruebas.
La vicepresidenta argentina, quien se encuentra en la recta final hacia las elecciones presidenciales de octubre, enfrenta ahora un segundo juicio oral y público. En diciembre de 2022, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en otro caso de corrupción. En ambos casos, Kirchner tiene la opción de apelar ante la Corte Suprema. Hasta el momento, no ha respondido a la decisión judicial en su contra, pero ha anunciado su participación en un evento que celebra la reedición de un libro sobre su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner. Se espera que en este evento hable sobre un tema de actualidad.
La reapertura del caso Hotesur – Los Sauces será el segundo juicio al que se enfrenta la vicepresidenta, después del caos que generó el primero en la segunda mitad de 2022. En agosto del año pasado, un fiscal solicitó su encarcelamiento, lo que desencadenó semanas de protestas en uno de los barrios más ricos de Buenos Aires. Los vecinos de Kirchner salieron a las calles para protestar en su contra, mientras que sus seguidores organizaron un acampe en su apoyo. Durante dos semanas, hubo manifestaciones y enfrentamientos con la policía. Todo terminó cuando un hombre intentó dispararle sin éxito a pocos centímetros de su cabeza. Tres meses después, el tribunal la declaró culpable de defraudar al Estado en la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz.
En el caso Hotesur – Los Sauces, la vicepresidenta y sus hijos Máximo y Florencia fueron acusados de lavado de activos y asociación ilícita a través de la empresa administradora de los hoteles de la familia en Santa Cruz y la inmobiliaria familiar. La investigación comenzó en 2014, cuando se sospechó que empresarios afines contrataban habitaciones en los hoteles como forma encubierta de pagar sobornos a cambio de contratos de infraestructura. Al año siguiente, se sumó la investigación sobre la inmobiliaria familiar, acusando a Kirchner de liderar una asociación ilícita que lavaba dinero proveniente de la obra pública.
En noviembre de 2021, dos de los tres jueces del tribunal argumentaron que los hechos en los que se basaba la acusación de asociación ilícita ya habían sido juzgados en la provincia de Santa Cruz. Además, argumentaron que no hubo lavado de dinero debido a que en ese momento existía una ley diferente que favorecía a los imputados. Kirchner y su hijo mayor, diputado y líder del peronismo en la provincia de Buenos Aires, irán a juicio. Sin embargo, la Cámara determinó que no hay elementos suficientes para juzgar a su hija menor, Florencia, quien tenía 12 años en el momento en que se formó la presunta asociación ilícita.
Kirchner también será juzgada por una acusación de encubrimiento y traición a la patria. En 2017, un juez la acusó de proteger a los imputados iraníes en el caso del atentado contra la AMIA en 1994. En ese momento, el juez solicitó su desafuero para poder llevarla a prisión, pero no logró que se tratara en el Senado.
La expresidenta fue denunciada por el fiscal Alberto Nisman en enero de 2015. Cuatro días después, Nisman fue encontrado muerto en su departamento en circunstancias aún no esclarecidas. El fiscal denunció que el Gobierno de Kirchner firmó un memorándum con Irán en 2013 que buscaba encubrir a los imputados a cambio de acuerdos comerciales bilaterales. Sin embargo, el memorándum nunca entró en vigor y los imputados fueron sobreseídos en octubre de 2021.
