27
Hace dos meses y medio, el secretario de Estado de Minnesota, Steve Simon, recibió una carta de Free Speech for People (FSFP), una organización no partidista que aboga por los principios democráticos. En la carta, FSFP pedía a Simon que impidiera que el expresidente Donald Trump apareciera en las papeletas electorales de 2024 en el estado. Según la carta, Trump no es elegible constitucionalmente para postularse debido a su participación en la insurrección contra Estados Unidos. La organización argumentaba que permitir que un insurreccional conocido aparezca en la boleta electoral es inconsistente con los compromisos y el juramento de apoyar la Constitución de Estados Unidos.
Simon, un demócrata, no estaba seguro de cómo proceder. Aunque la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda establece que aquellos que participen en una insurrección están descalificados para ocupar cualquier cargo, Simon prefirió que un juez decidiera si el nombre de Trump debería aparecer en las boletas electorales. Según él, su trabajo es servir a los votantes y dejar que los tribunales investiguen los hechos y tomen decisiones legales imparciales. Simon enfatizó la importancia de dejar la política fuera de su cargo y evitar cualquier favoritismo hacia candidatos, partidos políticos o cuestiones electorales.
El día en que Simon recibió la carta, Paul Anderson, un juez retirado de la Corte Suprema de Minnesota, se encontraba en el capitolio estatal. Anderson, republicano moderado durante la mayor parte de su vida, se había distanciado del Partido después de que nominara a Trump como su candidato presidencial en 2016. Charles Nauen, un destacado abogado, se acercó a Anderson para hablarle sobre una demanda que él y FSFP estaban presentando contra Simon. Nauen hizo una petición poco ortodoxa: ¿Anderson consideraría unirse a la demanda? Después de reflexionar sobre la solicitud, Anderson decidió unirse a la demanda junto con otros siete habitantes de Minnesota de alto perfil.
Minnesota no es el único estado donde se han presentado demandas relacionadas con la Sección 3. En Michigan, FSFP y abogados locales están demandando a la Secretaria de Estado Jocelyn Benson para que excluya el nombre de Trump de la boleta electoral. Además, en Colorado, la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW) está demandando a Trump y a la Secretaria de Estado Jena Griswold. Estas demandas podrían generar divisiones políticas y generar incertidumbre en las elecciones de 2024.
La posibilidad de que Trump sea descalificado de las elecciones preocupa a muchos, incluido Anderson. Existe el temor de que esto pueda llevar a la violencia por parte de aquellos que desean votar por él y creen que tienen derecho a hacerlo. Estas preocupaciones resaltan la importancia de abordar el tema de manera cuidadosa y garantizar la estabilidad en el proceso electoral.
El 2 de noviembre, FSFP presentó su caso ante la Corte Suprema de Minnesota. Durante la audiencia, los jueces se centraron en determinar si un tribunal estatal tiene autoridad para tomar decisiones constitucionales sobre la Sección 3. El tribunal finalmente dictaminó que la ley
Organización no partidista busca impedir que Trump aparezca en las papeletas electorales de Minnesota en 2024
Una carta desafía la elegibilidad de Trump
Hace dos meses y medio, el secretario de Estado de Minnesota, Steve Simon, recibió una carta de Free Speech for People (FSFP), una organización no partidista que aboga por los principios democráticos. En la carta, FSFP pedía a Simon que impidiera que el expresidente Donald Trump apareciera en las papeletas electorales de 2024 en el estado. Según la carta, Trump no es elegible constitucionalmente para postularse debido a su participación en la insurrección contra Estados Unidos. La organización argumentaba que permitir que un insurreccional conocido aparezca en la boleta electoral es inconsistente con los compromisos y el juramento de apoyar la Constitución de Estados Unidos.
El secretario de Estado se pronuncia
Simon, un demócrata, no estaba seguro de cómo proceder. Aunque la Sección 3 de la Decimocuarta Enmienda establece que aquellos que participen en una insurrección están descalificados para ocupar cualquier cargo, Simon prefirió que un juez decidiera si el nombre de Trump debería aparecer en las boletas electorales. Según él, su trabajo es servir a los votantes y dejar que los tribunales investiguen los hechos y tomen decisiones legales imparciales. Simon enfatizó la importancia de dejar la política fuera de su cargo y evitar cualquier favoritismo hacia candidatos, partidos políticos o cuestiones electorales.
Un juez retirado se une a la demanda
El día en que Simon recibió la carta, Paul Anderson, un juez retirado de la Corte Suprema de Minnesota, se encontraba en el capitolio estatal. Anderson, republicano moderado durante la mayor parte de su vida, se había distanciado del Partido después de que nominara a Trump como su candidato presidencial en 2016. Charles Nauen, un destacado abogado, se acercó a Anderson para hablarle sobre una demanda que él y FSFP estaban presentando contra Simon. Nauen hizo una petición poco ortodoxa: ¿Anderson consideraría unirse a la demanda? Después de reflexionar sobre la solicitud, Anderson decidió unirse a la demanda junto con otros siete habitantes de Minnesota de alto perfil.
Casos similares en otros estados
Minnesota no es el único estado donde se han presentado demandas relacionadas con la Sección 3. En Michigan, FSFP y abogados locales están demandando a la Secretaria de Estado Jocelyn Benson para que excluya el nombre de Trump de la boleta electoral. Además, en Colorado, la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW) está demandando a Trump y a la Secretaria de Estado Jena Griswold. Estas demandas podrían generar divisiones políticas y generar incertidumbre en las elecciones de 2024.
Preocupaciones sobre la violencia y el futuro de las elecciones
La posibilidad de que Trump sea descalificado de las elecciones preocupa a muchos, incluido Anderson. Existe el temor de que esto pueda llevar a la violencia por parte de aquellos que desean votar por él y creen que tienen derecho a hacerlo. Estas preocupaciones resaltan la importancia de abordar el tema de manera cuidadosa y garantizar la estabilidad en el proceso electoral.
El fallo de la Corte Suprema de Minnesota
El 2 de noviembre, FSFP presentó su caso ante la Corte Suprema de Minnesota. Durante la audiencia, los jueces se centraron en determinar si un tribunal estatal tiene autoridad para tomar decisiones constitucionales sobre la Sección 3. El tribunal finalmente dictaminó que la ley