JUSTICIA
El caso de los cuatro niños guayaquileños, asesinados tras ser detenidos por una patrulla militar, continúa ante las autoridades judiciales, mientras sus familias son analizadas por organismos internacionales.
El 3 de enero de 2025, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas apelaron la sentencia dictada el 31 de diciembre en la acción de hábeas corpus solicitada por los familiares de los niños.
Con la aceptación del hábeas corpus, la jueza Tanya Loor declaró su desaparición forzada bajo responsabilidad del Estado ecuatoriano. También declaró la violación de los derechos de los cuatro niños y ordenó medidas de reparación al Estado.
Según el expediente del Poder Judicial existen dos pedidos de apelación. El primero está firmado por Patricio Vela, jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas.
En su escrito, Vela afirma que el juez «no determinó, de manera clara y motivada, los elementos constitutivos de la desaparición forzada».
La otra petición está firmada por Luis Enrique Bueno Echanique, como coordinador general de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa.
El Ministerio de Defensa alega que el juez no tenía competencia para determinar si se había producido o no un delito y que se produce una «desnaturalización» del recurso de hábeas corpus.