Ortega y Murillo pretenden quedarse mínimo en el poder hasta 2040, facultados por sus reformas

El 28 de julio de 2026, la Asamblea Nacional de Nicaragua conformó una Comisión Especial Constitucional para iniciar el proceso de consulta sobre una reforma parcial a la Constitución. La propuesta central busca extender el periodo presidencial de cinco a siete años, estableciendo además que estos mandatos sean renovables. Según La Prensa, estas disposiciones permitirían a Daniel Ortega y Rosario Murillo permanecer en el poder al menos hasta el año 2040. La iniciativa incluye modificaciones que trascienden el ámbito ejecutivo. La normativa contempla el aumento a siete años para el periodo de mando de los jefes del Ejército y la Policía Nacional, instituciones que han expresado su respaldo a las reformas.

Mientras tanto, medios oficiales como El 19 Digital y teleSUR presentan el proceso como una consulta nacional abierta a todos los sectores, destacando encuentros con el cuerpo diplomático para informar sobre los cambios. La cobertura internacional, incluyendo a DW, Infobae, France 24 y El Tiempo, enfatiza que el paquete de reformas contiene cláusulas destinadas a excluir de futuras elecciones a los sectores opositores clasificados como traidores a la patria. Adicionalmente, Artículo 66 sostiene que estas modificaciones legislativas eliminarán los liderazgos políticos que actualmente se encuentran en el exilio. La narrativa oficial, difundida a través de Viva Nicaragua Canal 13, vincula la legitimidad del proceso con la voluntad de Dios y el respaldo del Pueblo Presidente. Por otro lado, la cobertura de Vatican News subraya el rol del Parlamento en la evaluación técnica de este ajuste legal, que busca centralizar y perpetuar la estructura de poder actual mediante un nuevo marco jurídico.

El proceso se encuentra actualmente en fase de consulta parlamentaria y nacional. La estructura de los cambios definirá los límites de participación electoral y la duración de las jerarquías de seguridad y gobierno. Los detalles sobre los plazos finales de implementación y las respuestas de organismos internacionales ante la exclusión de opositores no han sido precisados por la Asamblea Nacional en sus comunicados actuales.