La otra tragedia de los terremotos: El régimen se olvidó de los muertos

Las familias afectadas por los terremotos en Venezuela enfrentan la amenaza de demolición de sus hogares mientras la asistencia humanitaria disminuye. La incertidumbre sobre el futuro de las viviendas persiste tras un mes de los movimientos telúricos, marcando una etapa crítica donde la solidaridad se vuelve insuficiente ante la magnitud de la destrucción. La reconstrucción del país requiere una inversión estimada de más de 12 mil millones de dólares, una cifra que contrasta con la falta de balances oficiales.

Según lo reportado por El Nacional, el Gobierno interino acumula cuatro días sin publicar actualizaciones sobre la situación, mientras que organizaciones como Convite advierten sobre la escasez de recursos y la disminución del apoyo internacional. La CIDH y la REDESCA han intervenido solicitando formalmente al Estado venezolano el fortalecimiento de la respuesta humanitaria y la garantía de los derechos humanos básicos para los damnificados. Estas entidades enfatizan la necesidad de una gestión más efectiva y transparente que actualmente no está siendo ejecutada por las autoridades competentes, dejando a la población en una posición de extrema vulnerabilidad frente al desastre.

La gran incógnita que prevalece es cómo se gestionarán los fondos necesarios para la recuperación cuando los mecanismos de rendición de cuentas están prácticamente inactivos. Ante la ausencia de un plan estatal claro, el futuro de las zonas devastadas y la seguridad de las familias que piden evitar la demolición de sus estructuras siguen sin respuesta institucional documentada.